Por Ricardo Kirschbaum.Uno de los argumentos de la sospechosa expropiación de la planta impresora de la ex Ciccone es que el Estado se quedará con ella sin pagar prácticamente nada . Y esto sería así, añaden, porque la deuda impositiva es de un monto tal que cubriría el valor de la planta.
¿Es verdad que el Estado no pondrá un peso en la expropiación? ¿O se trata de la reiteración hasta el hartazgo del doble discurso oficialista que oculta el verdadero objetivo de la expropiación?
Repasemos el proceso. Por la abultada deuda fiscal, se pidió la quiebra de Ciccone. La Justicia la dispuso.
Posteriormente, un grupo presentó un plan de rehabilitación que fue avalado por el entonces ministro de Economía, Amado Boudou , cuya opinión fue considerada determinante por el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, para conceder un plan de pago muy generoso y extendido . El juez dispuso levantar la quiebra pero sigue vigilando el plan de pagos, que no se cumplió.
En ese lapso, un misterioso grupo denominado The Old Fund pagó casi 50 millones de pesos para levantar la quiebra y luego, según informaciones que no han sido desmentidas, fue necesario poner un millón de dólares mensuales para pagar salarios y otros gastos de la empresa.
Se mencionó como aportantes a un banquero y al dueño de un grupo de radios oficialistas , que antes fue menemista.
Los que pusieron dinero para rehabilitar y mantener la imprenta en funcionamiento se convertirán en deudores privilegiados para el juez que sigue interviniendo en el caso. Se afirma también que el dinero que ponga el Estado servirá para atender a esos deudores privilegiados, entre ellos The Old Fund . Según esa interpretación, si sobrase dinero recién podrán cobrar los deudores anteriores al proceso de rehabilitación.
Estamos así en una situación en la que se desconoce quiénes eran los dueños de la imprenta expropiada pero sí se puede saber quienes pueden cobrar por la expropiación.
Si se determinara finalmente que Boudou está vinculado, como se sospecha con firmeza, a los controlantes de la ex Ciccone, el Estado terminará pagándole por la empresa expropiada, así como a Vanderbroele y a otros miembros de ese grupo que intervino en la operación.
¿Por qué este apuro por expropiar la empresa? ¿Suponen así que la sospecha de corrupción desaparecerá súbitamente de la agenda y dejará de salpicar al Gobierno? ¿O acaso el vicepresidente fue el ejecutante de una complicidad más vasta?
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