Añadió que con esas normas que establecen controles y ponen límites entre la actividad pública y privada de los funcionarios se apunta a "mejorar la calidad democrática y pone como piso reglas de juego claras para todos" e insistió en que medidas similares se aplicaron en Morón durante su gestión.

Las iniciativas llevan las firmas de Sabbatella y de sus compañeros de bloque Carlos Heller, Vilma Ibarra, Jorge Rivas y Ariel Basteiro. Se incluye un pedido para que se ponga en funcionamiento la Comisión Nacional de Ética Pública y la regulación del Acceso a la Información.

Ibarra alertó que si bien la referida comisión fue creada por ley en el año 2000 durante el gobierno de la Alianza "nunca se conformó", entre otras razones porque la Corte Suprema de Justicia que debía designar un representante no lo hizo por entender en su momento que esa no era una competencia del tribunal.

El proyecto que crea la novedosa figura del "fideicomiso ciego" implica la transferencia temporal de bienes, acciones e inversiones a una entidad financiera independiente y registrada por el BCRA que deberá administrarlos de manera libre y autónoma sin comunicar al "fiduciante" la evolución de sus fondos ni consultarlo sobre sus preferencias en la administración de los mismos.

En una conferencia de prensa brindada en el Salón de Pasos Perdidos, Sabbatella, Ibarra y Basteiro explicaron la propuesta que, en líneas generales, establece que quienes desempeñen las primeras magistraturas de la Nación y la jefatura de Gabinete, los ministros, secretarios de Estado, interventores federales, titular del Banco Central y cargos vinculados de empresas del Estado están obligados a poner sus bienes en el referido mecanismo. Esto implicaría, de aprobarse la norma, que las autoridades citadas deban entregar en fideicomiso la totalidad de sus activos y el de sus conyugues, convivientes e hijos a cargo, siempre y cuando la suma sea igual o mayor a 10 millones de pesos.

La modalidad, que se aplica en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y España y se impulsó también en Chile, establece que dicho fideicomiso será administrado -sin el conocimiento ni intervención del funcionario- por instituciones financieras "debidamente acreditadas y controladas". Respecto de la ley de Acceso a la Información Pública, el proyecto que impulsa Nuevo Encuentro obliga a organismos estatales a brindar información a cualquier ciudadano que lo requiera y además suma esa obligación para las empresas privadas a las que se les haya otorgado permiso, licencia, concesión o tengan presenten por otra forma contractual un servicio público o exploten un bien de dominio público.

Esta medida alcanzaría a los entes privados, con o sin fines de lucro, que tengan fin público o posean información pública, como por ejemplo las empresas de medicina prepaga o de seguridad, también deberán proporcionar información.