Martín Sabbatella: No lo había visto así. Es un honor que la presidenta haya confiado en nosotros para esta responsabilidad, creemos profundamente en esta Ley de Medios Audiovisual, porque permite ensanchar, mejorar, profundizar, ampliar nuestra democracia. Es sumamente importante esta norma de la democracia que deja atrás una ley oscura de la época de la dictadura militar. Es una ley que viene a favor de la libertad.

P.: Pero si es como dice, no tendría motivos para ser polémica.

M.S.: Es una ley que considera que para garantizar pluralidad y la democracia de la palabra se necesita enfrentar las concentraciones mediáticas, las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes, que generan competencia desleal y lesionan el mercado de la comunicación. En ese sentido, genera tensiones en quienes poseen una concentración mediática y tienen que adecuarse a los requisitos que plantea la ley, como es no tener más del 35% del mercado, de las licencias de aire o las 20 licencias de cable. Eso genera tensiones en quienes tienen que adaptarse a la ley, tienen que reducir su tamaño, pero hay que entender que esto es necesario para que haya lugar para todas las voces en el país.Y para eso es necesario que no haya un gigante ‘toma todo’, que no permita la existencia del resto. Que haya pequeños, medianos y grandes, pero no gigantes.

P.: ¿Sólo el Grupo Clarín dijo que no cumplirá con la ley?

M.S.: Se habla del Grupo Clarín porque es el que más excede a lo que la ley prevé, y porque es el que dijo explícitamente que no la cumplirá. Sino no tendríamos que estar hablando del Grupo Clarín. Hay 20 grupos que deben adecuarse a la ley. Todos menos uno aceptan que la ley es la ley, y por lo tanto hay que cumplirla.

P.: ¿Qué pasará el 7-D?

M.S.: Esperamos que el 7 de diciembre todos hayan presentado su plan de adecuación, incluso aquellos que dicen que no lo van a presentar. Decir que no van a cumplir con la ley es desafiar la democracia, el Estado de Derecho, las leyes, los poderes del Estado. Nadie puede considerar que tiene ese privilegio o que tiene coronita para estar por encima de la ley. Ahora si no es así, después del siete se inicia el proceso de transferencia de oficio, porque estén vencidos absolutamente todos los plazos para la adecuación voluntaria. El Estado debe garantizar que todos estén dentro de la ley.

P.: ¿Qué ocurrirá con quien no lo haga?

M.S.: El 10, que es el primer día hábil, vamos a iniciar las transferencias de oficio. Tiene distintos pasos: apertura del registro de oferentes, tasación de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas, la selección de esas licencias para ver cuales hay que licitar, licitarlas y traspasarlas a sus nuevos dueños.

P.: ¿Y qué pasará con los medios y los trabajadores?

M.S.: La idea es que no se afecte el servicio, ni la fuente de trabajo y que se protejan los bienes. El titular actual tiene que garantizar todo esto hasta que llegue el nuevo titular. Lo que cambia es el dueño. Deberán continuar las programaciones con normalidad y no habrá cambios, el trabajador de un medio irá normalmente a trabajar.

P.: ¿Cree que puede prosperar la declaración de inconstitucionalidad pedida por Clarín?

M.S.: No puedo opinar lo que los jueces resuelvan, pero la ley es absolutamente constitucional, no viola ningún derecho. Ya la Corte cuando establece el 7 de diciembre como la fecha límite de la cautelar, lo hace porque dice que no hay ningún tipo de riesgo para la libertad de expresión. A lo sumo quedará un debate patrimonial para más adelante, si es que hubiera algo nuevo sobre esta cuestión de fondo que se planteó.

P.: ¿Qué opina sobre la denuncia del Grupo Clarín a periodistas y funcionarios?

M.S.: Una barbaridad, básicamente quisieron meter presos a periodistas por sus opiniones. Y lo que hicieron fue un brutal ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. También nos denunciaron a los funcionarios acusándonos de incitar a la violencia, cuando lo que hacemos es hacer cumplir la ley. Pero esto es una campaña. Porque quienes no quieren cumplir con la ley, hace tres años primero no quisieron que salga la ley, después han obstaculizado la aplicación de la misma con maniobras políticas, judiciales, comunicacionales... han construido un relato que intenta contactar con alguna causa más noble que en realidad lo que quieren es mantener sus privilegios, su poderío económico y político, que es lo que no dicen. Construyen un relato que intenta ganar alguna opinión pública a favor. Entonces dicen “se cercena la libertad de opinión”, que es falso. El propio relator de ONU para la Libertad de Expresión, Frank LaRue, pone como ejemplo esta ley para el continente y el mundo. Después dice que se van a perder fuentes de trabajo, también falso. Con la ley firmamos un convenio en el Ministerio de Trabajo, convencidos de que su aplicación tiene que proteger todas las fuentes de trabajo. Además va a generar más inversión y más trabajo en el mundo de la comunicación. Después dijeron que nos íbamos a meter con los programas, que no iba a estar más Tinelli, Suar. Falso. La ley no se mete con la programación.