La licitación pública tiene tres oferentes que, para llegar a que se abran sus sobres con los presupuestos, deben pasar el filtro de las exigencias técnicas. Ellos son las empresas Omar Angel Jubete, de Santa Rosa; Vial Agro, de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos, y la unión transitoria conformada por Ribeiro SRL, de Colonia 25 de Mayo, y Lo Bruno, de Santiago del Estero. El apoderado de ésta última es un ex funcionario del gobernador Oscar Mario Jorge en su época de intendente.

La sobres 1 fueron abiertos el 19 de enero, en un acto celebrado en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno y encabezado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, y el presidente del directorio de Vialidad, Horacio Luis Giai, entre otros funcionarios.

Esos sobres contenían los certificados de capacidad técnica y de contratación anual extendidos por el Registro de Obras Públicas, las pólizas de seguros, las constancias de cumplimiento fiscal, el certificado fiscal para contratar de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los sellados de ley y recibos de compras, entre otra documentación.

Ahí, aunque parezca simple papeleo, puede estar la clave de la licitación. ¿Por qué? Porque existen dudas de que todos los licitantes puedan cumplir con las exigencias incorporadas al pliego por el directorio, en base a una sugerencia del consejo técnico, y después de una fuerte discusión en su seno.

Aunque el Registro de Licitadores de Obras Públicas de La Pampa no lo pide para obras de pavimento flexible, la DPV le requirió a las constructoras más equipamiento propio -una planta de concreto asfáltico en caliente de 60 tn/h como mínimo, una distribuidora de mezcla y un equipo de reciclado en frío con una potencia no menor a 350 HP- y el antecedente de "por lo menos una obra de reciclado de base (ejecutada o en ejecución)" en los últimos cinco años. También exigió un determinado tonelaje de carpeta y la documentación que demuestre fehacientemente la propiedad de los equipos porque no se admitirán "compromisos de alquiler ni contratos de leasing".

Bajo sospecha.

La licitación pública 6/11 de Vialidad nació bajo sospecha. El primer llamado quedó anulado sin muchas explicaciones oficiales. El segundo, en marzo del año pasado, no tuvo oferentes a pesar de que el presupuesto oficial orillaba los 30 millones de pesos. Y éste sumó tres ofertas luego de que, en apenas once meses, el presupuesto fuera elevado un 36 por ciento y llegara a los 40.819.000 pesos. En el expediente no aparecen fundamentos para tamaño incremento.

Ese recelo apunta a un presunto direccionamiento a favor de Jubete. Esta empresa se ha quedado con el 80 por ciento de los presupuestos de las licitaciones de Vialidad desde que Jorge asumió la gobernación a fines de 2033 y, además, uno de los hijos del mandatario tiene fuertes vínculos con ella.

Las sospechas agregaron, a último momento, un costado que suena escandaloso. Giai incorporó en el pliego licitatorio dos exigencias extras. Dijo que para quedarse con la obra, las constructoras deberán entregar una fotocopiadora marca Ricoh, modelo MP 3350, y una camioneta Volkswagen Amarok, versión Highline 2.0 TDI 163, color "gris plata o blanco", cero kilómetro, modelo 2012 y "patentada a nombre de la Dirección Provincial de Vialidad". Si eso no es direccionamiento, ¿el direccionamiento dónde está?