Uno de los adjuntos de la Defensoría del Pueblo de la Nación aconsejó días atrás al Ministerio de Planificación Federal la rescisión del contrato con el consorcio Corredor Americano para la construcción de la autovía Fátima-Pergamino. Llegó tarde o apresuró una decisión: el gobierno nacional y la parte privada involucrada en lo que iba a ser una inversión por más de 700 millones de pesos resolvieron por mutuo acuerdo aquella rescisión.

Las obras se encontraban paralizadas desde hacía dos años, después de haber avanzado, sobre todo en plena campaña presidencial de 2007, unos doce kilómetros hasta quedar detenidas metros más allá del encuentro de la vieja ruta 8 con la ruta provincial 39, de ingreso a Capilla del Señor. Habrá que convenir que los concesionarios se han reído bastante de los usuarios.

En el primer largo año de detención de los trabajos cobraban por peaje, en las casillas que se apresuraron a abrir a la altura del kilómetro 65,5, la elevada suma de 4,50 pesos a cada automovilista. Mientras así lo hacían, se negaban a admitir lo que resultaba de absoluta evidencia: ausencia de personal, retiro de maquinarias, crecimiento del césped sobre la tosca apisonada como base para la cinta de material que serviría de nuevo camino, lo que en esos casos indica el abandono liso y llano de las responsabilidades asumidas. Como entre los concesionarios hay gente vinculada en extremo a negocios con el Estado, es elemental preguntarse si, además de rescindírseles el contrato, no debería estudiarse si cabe, o no, la indemnización al Estado por incumplimiento de obras comprometidas.

La pregunta es más que pertinente. Ahora Caminos de América reclama un resarcimiento por los trabajos efectivamente realizados. Sobre eso no habría, en principio, nada en discusión, pero de igual modo deberían examinarse los daños ocasionados al Estado y a la sociedad por la paralización de obras de elevada significación para el interés general.

Se han perdido dos largos años y, si la cuestión no se resuelve debidamente con urgencia, se perderán otros más. Debe pensarse que la terminación total de los trabajos hasta llegar a Pergamino, más las conexiones complementarias con otras rutas, estaba prevista nada menos que para 2021. A este paso, sólo en varias generaciones más se dotará de circulación razonable a una de las rutas más transitadas del país y de mayor peligro, por ser de una mano en ambas direcciones en la mayor parte del recorrido. Dos o tres años de trasmisiones de partidos de fútbol por parte del Estado no cuestan menos que brindar seguridades elementales a una de las principales vías de comunicación del Cono Sur.

Cuando se hicieron en 2005, en presencia del entonces presidente Kirchner, los anuncios oficiales con los bombos y platillos del caso, se dijo que el viaje a Pergamino se reduciría una hora y, mucho más importante, que se aportarían las garantías de seguridad vial que hasta hoy brillan por su ausencia. Han sido muchas las muertes ocasionadas en los últimos años a raíz de los accidentes producidos por la intensidad del tráfico existente, que incluye un alto número de automotores de transporte de pasajeros y carga, y los cruces con otros caminos y avenidas.

No hay duda del acierto de la Defensoría del Pueblo de haber instado al Poder Ejecutivo a poner fin a la actual situación. Queda ahora por saber de qué forma se procederá a la conclusión de un fenómeno tan singular que no pocos conductores se niegan a pagar el peaje del kilómetro 65,5 y así se lo hacen saber al personal de cabina. A quienes ignoran la posibilidad del procedimiento y de nada se quejan se les cobran, sin embargo, los 4,50 pesos por un servicio que nadie presta. ¿No debería devolverse lo recaudado de ese modo en estos años y derivarlo a un fondo público con algún destino de interés general?

Sólo se justifica, en el mejor de los casos, aquella imposición a los conductores que, al transitar por la ruta 8 desde la ciudad de Buenos Aires, sólo lo hacen hasta el cruce con la ruta 6, primero, o hasta la provincial 39, inmediatamente después, porque hasta allí se han realizado las obras viales convenidas con el Estado. También podría decirse que entra con facilidad en aquella categoría de fenómeno la explicación dada por un funcionario de la actual concesión -adjudicada, recuérdese, por treinta años- cuando se le preguntó por qué se habían paralizado las obras: "Por la implicancia -contestó- que tiene el aspecto financiero global". Si el único argumento válido fuera ése, la actividad también se habría detenido ya en muchas otras áreas del desenvolvimiento nacional.

Hagamos votos, entretanto, para que los trabajos se reanuden lo antes posible, una vez que se hayan cumplido las formalidades que suelen llamarse de rigor (llamado a licitación, etcétera), pero que en el fondo han sido concebidas para evitar decisiones arbitrarias del poder público y disuadir a los particulares de dejarse llevar por impulsos cargados de ligerezas que el país termina pagando caro.

Por lo que se ve, no ha habido rigor suficiente en la autoridad que intervino en su oportunidad en la adjudicación, y los adjudicatarios no actuaron con la responsabilidad que debía esperarse.