"Hay una evidente criminalización de la protesta en Tucumán, direccionada hacia los que no estamos dispuestos a agachar la cabeza ante la injusticia. Y en la argentina somos unos 5.000 dirigentes gremiales o sociales los que están denunciados o con causas judiciales", aseguró.

"Buscan amedrentarnos a través de la Justicia. Nosotros protestamos no porque nos gusta sino por las necesidades de la gente. Acá no se puede vivir con sueldos de $ 2.000 cuando el costo de la canasta básica real es $ 5.800. Día a día pierden poder adquisitivo los sueldos de quienes estamos en actividad. Qué vamos a decir de los pobres jubilados y pensionados", manifestó.