El Presidente del Superior Tribunal se encargó de hablar ante la prensa sobre la cuestión okupa. Dijo que accionarían con mayor celeridad por una solución al problema en el Pirayuí. La iniciativa no reconoce antecedentes y desvirtúa el rol de última instancia que tiene el Superior Tribunal.
Con la disputa abierta en el ámbito del Jury de Enjuiciamiento y del Consejo de la Magistratura, con los reclamos de jueces y abogados al día, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín, se animó a dar estimaciones mediáticas sobre otro tema, el de los okupas.
Más allá que el hecho de atender con celeridad un problema que se encuentra en la picota pública es meritorio, podría esto convertirse en el prólogo de un nuevo dolor de cabeza para el curuzucuateño y, por ende, para el servicio de justicia local.
La iniciativa fue rápidamente desmentida desde el despacho de varios colegas de Rubín, que tomaron distancias de una iniciativa inédita en los anales judiciales.
Por eso, en los corrillos del Poder Judicial sostienen que en caso de hacer lo que dijo ante la prensa, de una directa intervención judicial en el tema, el horizonte del Presidente sería aún más sombrío.
Lo cierto es que las acciones penales sobre la causa de los okupas se encuentran a cargo de la jueza, Gabriela Aromí de Sommer, y por el momento la Corte provincial sólo atiende el tema de la negociación con los usurpadores por una solución pacífica al problema.
En el ámbito de la Justicia local consideran entonces que las expresiones de Rubín no fueron más que diplomacia mediática, conscientes que el titular del alto Tribunal provincial preferiría evitar un problema más a la larga lista que hace rato no mira.
En veremos entonces está el funcionamiento del Jury y del Consejo de la Magistratura, reclamado desde el Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia, a través de su titular, Álvaro Sánchez Guerrero, de los magistrados y de la representante legislativa de uno de los organismos creados tras la reforma de 2007.
En definitiva, el Jury sigue sin llamar a concurso para cubrir la Secretaría, y no funciona en un lugar neutral. Por su parte, el Consejo de la Magistratura se maneja omitiendo la designación de un presidente suplente, pese a que la norma vigente impone a la Corte provincial el deber de designar un titular y un suplente, cosa que no hace desde la creación del Consejo, con el agravante de que desde el Consejo de la Magistratura el resto de sus integrantes parecieran mirar para otro lado y dejar que pase más el tiempo.

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