Rubín aprovechó para hablar sobre los informes brindados por el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres y la interventora del IPS, Estela Regidor, quienes aseguraron que dicha idea resultaría en un déficit presupuestario.

El legislador manifestó por LT12 de Paso de los Libres, que la influencia sería muy poca desde el punto de vista económico, contrariando a lo asegurado por los funcionarios del Gobierno provincial, aunque reconoció que estudiará en forma más profunda junto a sus pares la documentación que se les entregó.

"MALAS INTENCIONES"

Según el diputado del bloque opositor, la intención gubernamental es que "el proyecto vuelva al Senado para que allí duerma el sueño de los justos". Cabe destacar que curiosamente la norma, hoy cuestionada, salió aprobada desde la Cámara alta cuando el gobernador, Ricardo Colombi era senador. Y sobre esto, Rubín cuestionó que sus aliados también lo hicieron cuando el mandatario provincial ocupaba su banca; sin embargo hoy desconocen lo que hace poco tiempo acompañaban.

INDUSTRIA DEL JUICIO

Rubín manifestó asimismo que existe una gran industria del juicio contra el Estado, relacionando las acciones judiciales realizadas por los jubilados contra el IPS, que actualmente representan el 6 por ciento del presupuesto del organismo. "Hay un gran negocio en las costas de los abogados y peritos que insumen cifras millonarias donde la mayor parte del dinero se van para los legistas y no para los jubilados".

Ante este panorama, el legislador justicialista consideró que de salir aprobada la ley del 82 por ciento móvil, los juicios cesarían y la merma de fondos por este concepto ayudaría a equilibrar las cuentas.