Posadas. Los principales empresarios del millonario negocio inmobiliario de Misiones mastican, en silencio, el desplante que padecieron a mediados de la semana pasada, cuando pretendieron sellar una reunión con el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, y hacerle público el agradecimiento por haber sacado la judicializada ley de los Corredores Inmobiliarios.

Fue el jueves último, antes de la sesión parlamentaria en el Teatro de la Lírica, cuando un grupo de la comisión de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, junto con representantes de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y de la Cámara Inmobiliaria Argentina, realizaron una Jornada de Capacitación donde asistieron no más de 30 personas.

La corporación de los comerciantes inmobiliarios, enfrentados a muerte con los corredores de diploma universitario, llegaron hasta el lugar donde sesiona Legislatura Provincial, a una “soñada reunión” con el presidente del cuerpo, Carlos Rovira.

Dicen que la “corpo” inmobiliaria tenían planeado “agradecerle” al caudillo renovador por la tan cuestionada -de “inconstitucional”- Ley de Corredores Públicos Inmobiliarios, una norma que se judicializó por una feroz interna entre los diplomados con los comerciantes que quieren la matrícula sin pasar por las aulas de la universidad.

Pero grande fue la sorpresa, de los empresarios, cuando solamente fueron recibidos por el diputado Alberto Nabor “Tito” Alvarez. El desaire de Rovira, trascendió en el mundo de los negocios de bienes raíces, estaría sensiblemente vinculado a una estrategia de “quedar pegado” con una Ley que se la vendieron como “gato por liebre”, y que le habría dado más de un dolor de cabeza, hasta dejándolo en ridículo con los demás Colegios de Profesionales de Misiones.

Rovira todavía no termina de digerir el escándalo que provocó su secretaria legislativa, Cecilia Britto (esposa de Tito Alvarez), cuando en forma silenciosa, en la redacción del Digesto Jurídico, cambió una “o” por la “y” original en el artículo 34 de la Ley de Corredores.

La ley ya había sido sancionada y Britto, se sospecha, habría actuado con la pretendida intención de matricular a todos aquellos que ejercen el corretaje inmobiliario, al margen de la Ley Provincial 493 del año 1.974, o sea, sin estar matriculados en el Superior Tribunal de Justicia, las comúnmente denominadas “inmobiliarias truchas”.

Cabe destacar, que entre las irregularidades de la nombrada Ley, se encuentra:

1- Pretender involucrar a “comerciantes inmobiliarios” con la Carrera Universitaria de Martillero Público y Corredor., “usurpando títulos que no les corresponden”, un delito penal por cierto.

2- La de otorgar la potestad de organización del Colegio de Profesionales, a la Asociación Cámara Inmobiliaria de Misiones (los propietarios), dejando afuera a los profesionales matriculados, verdaderos destinatarios de los Colegios de Profesionales (es como darle a las Enfermeras que organicen el Colegio de Médicos).

3- La de crear un Colegio de una especialidad de la Carrera de uno de los alcances del Título, ya que el mismo es de Martillero Público y Corredor, un único título, con dos alcances, por eso que se tienen 2 matrículas profesionales. Es como crear el Colegio de Médicos Pediatras.

Durante la primer asamblea, entre una de las irregularidades más importantes que habría cometido la Cámara Inmobiliaria, fue que, movilizó e incluyó en el padrón, a sus empleados, familiares, y comerciantes sin matrículas para lograr mayoría, dejando afuera del Club Sarmiento a más de 30 profesionales que llegaban del interior en su mayoría. Un caso que quedó fotografiado y certificado por Escribana Pública.

Desde ese momento, las asociaciones de profesionales vigilan celosos los movimientos de los empresarios de la Cámara Inmobiliaria, ante la sospecha fundada que podría prosperar la matriculación de los “comerciantes” como “profesionales” por ser considerados “idóneos”.

“Si eso se da, los secretarios de los Escribanos, también podrían ser considerados idóneos, y podrían reclamar una matrícula… Y así en las diferentes Carreras Profesionales, provocando un caos a nivel Colegiaturas”, graficó un veterano martillero.

En ese sentido, trascendió de buenas fuentes que un par de profesionales del corretaje estarían recabando documentaciones, para realizar una treintena de denuncias penales contra comerciantes inmobiliarios considerados “truchos”. Los acusarían de “ejercicio ilegal de la profesión y usurpación de títulos y honores”.

Cabe recordar que la polémica Ley que diseñó el rovirismo para congraciarse con la Cámara de Inmobiliarias, está judicializada, y se anuncia que la misma terminará con recurso de inconstitucionalidad.