Por Alberto Armendariz |

SAN PABLO.- Después de los problemas que generó, en los últimos meses, el masivo paro de empleados públicos en Brasil, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff prepara el terreno para una nueva ley que limite el derecho a huelga de los servidores del Estado, una movida que podría restarle apoyos dentro de su propio Partido de los Trabajadores (PT).

La presidenta ya encomendó al ministro Luis Inacio Adams, de la Abogacía General de la Unión (AGU), el diseño básico del proyecto de ley que espera presentar ante el Congreso en los próximos meses.

Según explicó el propio Adams, lo que se buscará es que los sindicatos de empleados públicos en huelga garanticen un porcentaje mínimo de actividad en su categoría; que se permita la sustitución de funcionarios públicos de paro por empleados estatales y municipales; que el gobierno pueda descontar del salario de los huelguistas los días no trabajados, y que se prohíba el "trabajo a reglamento" en ciertas categorías, como la Policía Federal, que, al desempeñar sus funciones de manera lenta, provocan serios trastornos, como sucedió el mes pasado en el chequeo de pasaportes en los aeropuertos y en la liberación de mercadería en la aduana.

"Una cosa es paralizar su trabajo para presionar al empleador, y otra es transformar una huelga en un proceso de parálisis del Estado y de los servicios fundamentales al ciudadano", destacó Adams en entrevista al diario O Estado de São Paulo, en la que confirmó que están manteniendo reuniones en ese sentido con técnicos de los ministerios de Trabajo y Planeamiento.

El inicio del debate sobre esta nueva ley -que está contemplada en la Constitución de 1988, aunque nunca fue creada- llega justo después de que más de 250.000 empleados públicos federales, de 31 categorías vinculadas a la Confederación de Trabajadores del Servicio Público Federal (Condsef), volvieron a sus puestos de trabajo luego de varias semanas de protesta en reclamo de aumentos salariales de entre 30 y 70%.

Ante la resistencia del gobierno, que con amparo judicial tomó medidas como las que pretende establecer con la nueva ley, los líderes sindicales cedieron y aceptaron una oferta de ajuste de apenas 15,8%, dividida en tres años.

Dentro del oficialista PT, la postura de la presidenta Rousseff fue muy criticada; se apuntó que este tipo de actitudes distancia al gobierno de su electorado y va a contramano de los valores históricamente defendidos por el partido.ß.