Condenado por enriquecimiento ilícito, el ex vicegobernador pretende demostrar que se violaron sus derechos y garantías cuando fue juzgado en Entre Ríos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había rechazado el 1 de diciembre de 2009 el Recurso Extraordinario Federal que había interpuesto Rossi, lo que agotó la vía recursiva en el derecho interno argentino. No conforme con esto, ahora busca que el auxilio de los tribunales internacionales.
Según Rossi, se violó su garantía de contar con un "juez y tribunal imparcial", ya que el juez instructor de La Paz que lo procesó había sido previamente denunciado penalmente por él por la supuesta violación del secreto que ampara la justificación de bienes, además de –presuntamente– prejuzgar sobre su responsabilidad penal antes de procesarlo. De esto último también acusa a los camaristas que integraron la Sala I de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná, que " intervinieron en más de diez oportunidades antes de confirmar el procesamiento de Rossi, adelantando opinión en cada una de esas intervenciones sobre la calificación legal de los hechos y la responsabilidad penal del ex intendente", explicó Edwards.
"La Petición también se motiva en la violación a la garantía a la ‘doble instancia’, en razón de que se privó a Rossi que su condena pudiera ser revisada por un tribunal superior, ya que el recurso de casación que interpuso contra dicha sentencia solamente procede respecto de las cuestiones de derecho y no de hecho, y precisamente la imputación formulada consistía en un enriquecimiento apreciable de Rossi, que para el juez instructor fue de 750.000 dólares, para el fiscal de primera instancia de 1 millón y medio de dólares, mientras que para el tribunal de juicio que lo condenó fue de 5 millones de dólares. Estas sustanciales diferencias en los montos no pudieron ser revisadas por un tribunal diferente de aquél que lo condenó", continuó el abogado, mediante un extenso comunicado.
También pretenden demostrar que se violentó su "derecho a la intimidad", dado que la causa penal por la que se lo condenó se inició a través del apoderamiento de documentación relativa a una cuenta bancaria en el Uruguay, que se encontraba en poder del abogado de Rossi que tramitaba su divorcio, con la consiguiente violación al "secreto profesional".
Rossi se esperanza en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino en el caso del actual presidente de Perú, Alan García, a quien también se le imputó el delito de Enriquecimiento Ilícito, violentándose su derecho a la intimidad y otras garantías previstas en el Pacto de San José de Costa Rica. En el caso de García, el organismo recomendó que se reparara la violación de los derechos humanos del ex presidente peruano.
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