De Rosas rechazó el reclamo millonario de Sergio Vignaud

Se declaró "improcedente" a la petición del ex director de Recursos Humanos del ministerio de Salud que había actuado como paritario.

El fiscal de Estado de la Provincia, Joaquín de Rosas, declaró "improcedente" el reclamo del ex director de Recursos Humanos de Salud, Sergio Vignaud, quien exige el cobro de honorarios millonarios por haber participado como representante del Ejecutivo en las paritarias estatales, una tarea que considera "ajena y adicional" a la de su cargo.

Así lo confirmó la extensa documentación enviada ayer por la Fiscalía de Estado a la Legislatura provincial, de la que se desprende que el reclamo de Vignaud alcanzó los 19 millones de pesos, es decir seis millones por encima de los 13 millones que habían trascendido inicialmente.

Tal como adelantó Los Andes el pasado miércoles, la decisión del fiscal de Estado se fundó en el informe técnico del director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía, Pedro García Espetxe, cuyo criterio contradijo el de dos informes de la Dirección Administrativa de la Fiscalía, a favor de dar curso al reclamo.

De Rosas dispuso el rechazo y consideró que el reclamante "mantiene disponibles a su favor las acciones judiciales que estime pertinentes".

Vignaud solicitó el pago de 19,6 millones de pesos sobre la base de "su intensa labor en paritarias, su carácter de abogado, la ampliación de la ley de aranceles de los abogados y la ausencia de norma legal que regule ese actuar".

Improcedente

En tanto el informe técnico de García Espetxe consideró que "no es procedente" la admisión del reclamo presentado por el ex funcionario, ya que "no hay antecedentes" que favorezcan su reclamo sino -por el contrario- "los antecedentes son en contra".

Citando el artículo 39 de la Constitución de Mendoza y la ley 5.394 concluyó que "es expresa la imposibilidad de los abogados del Estado de cobrar honorarios a la Provincia, como se pretende en el reclamo invocando la ley de aranceles".

Detalló que "el trabajo de abogado en el Estado no es equiparable a una locación de servicios o de obra de derecho privado, pues su actuación debe ser compatible con las finalidades públicas para cuya satisfacción se lo designa".

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