El Fiscal de Estado argumenta que los plazos legales (10 días) se han corrido a causa del prolongado paro que lleva a cabo el gremio judicial. La lectura política.
Nadie sabe cuándo el fiscal de Estado Joaquín de Rosas deberá presentar su descargo a las cuatro acusaciones que pesan en su contra. Y esta indefinición es uno de los coletazos del prolongado conflicto gremial en la Justicia.
El funcionario cuestionado ante el Jury de Enjuiciamiento, presentó la semana pasada un pedido de prórroga a la presentación de su defensa por escrito, argumentando que los plazos legales se han corrido debido a los días inhábiles declarados por la Suprema Corte.
El pedido es legal debido a que, como cualquier otro proceso penal (más allá del carácter político de este enjuiciamiento), los plazos corren de acuerdo a los días hábiles de la Justicia. Pero desde los corrillos políticos se entiende que el pedido tiene una motivación apenas dilatoria.
El jueves 7 de junio el Jury de Enjuiciamiento decidió aceptar formalmente las denuncias en contra de De Rosas. De esta forma, el tribunal decide darle vista al fiscal de Estado para que presente sus explicaciones por escrito en 10 días. Eso es lo que prescribe el artículo 165 de la Constitución Provincial y el 20 de la Ley 4.970.
Claro que estos diez días se cuentan según el calendario judicial y los plazos se cuentan según el Derecho Penal, por lo que se entiende que esos diez días son hábiles.
La semana pasada, el martes 26 de junio, Los Andes publicaba la decisión de la Suprema Corte mendocina de declarar inhábiles los días de paro en la Justicia provincial. Así es que el máximo tribunal declaró que no se cuenten, a los fines de los plazos legales los días 4 (desde las 15), 5, 6 (hasta las 15), 8, 13, 14 y 15 de junio.
A eso hay que esperar la decisión en torno a los días 18, 21, 22, 25, 26, 28 y 29 de junio, así como también la jornada de ayer.
Estos días no trabajados que luego la Corte declara inhábiles, no se cuentan en los plazos y siguen estirando la definición de muchos juicios y también el proceso a De Rosas. Así es que el fiscal encontró el resquicio legal para estirar los tiempos y preparar su defensa en un escrito más sustancioso.
Ya se especulaba con que el proceso a De Rosas se estiraría hasta después de la feria judicial que arranca el lunes próximo que también alterará los plazos normales de la Justicia provincial. Ninguno de los actores involucrados imaginaba una resolución sumaria de este caso que quema por las vinculaciones que tienen las acusaciones contra De Rosas.
Y a estas especulaciones previas se suman los días inhábiles por los paros de los judiciales, gremio que terminó transformándose en un aliado involuntario del acusado.
El tren de las especulaciones tiene historias para todos los públicos posibles y en todas se pone al oficialismo y a los hombres de la Justicia. Desde la supuesta voluntad de los hombres del oficialismo de salvar al fiscal, hasta que hubo un canje de votos: salvar al juez de ejecución penal Eduardo Mathus a cambio de evitar el mal trago a De Rosas.
Así también hay otra teoría dando vueltas: la de que la Suprema Corte no sostendría una posición en bloque en el caso del Fiscal de Estado, sino que habría fisuras. Y esta versión se sustenta en el fallo que emitiera la Corte por la actuación de De Rosas en la expropiación de terrenos de Divisadero Largo, donde el fiscal habría dejado servido en bandeja un pago desmedido por esos terrenos del pedemonte a favor de Daniel Vila y Dalvian SA.
El jury de Enjuiciamiento está conformado por los siete miembros de la Corte, más siete diputados y siete senadores. Los supremos son Pedro Llorente, Hernán Salvini, Alejandro Pérez Hualde y Mario Adaro. Los otros tres, Jorge Nanclares, Carlos Böhm y Fernando Romano, no son de la partida. Ellos son los miembros de la Sala 1, la misma que firmó ese fallo de Divisadero Largo.
Entre los miembros "políticos" se cuentan además los diputados Luis Francisco (PJ), Carlos Bianchinelli (PJ), Silvia Ramos (Eje Peronista), Néstor Parés (UCR), Luis Petri (UCR), Néstor Guizzardi (UCR) y Aldo Vinci (PD).
A ellos se le suman los senadores Fernando Simón (PJ), Juan Carlos Jaliff (UCR), Sergio Moralejo (UCR), Ernesto Corvalán (PD) y Ricardo Pettignano (Eje Peronista).




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