Los sindicatos no alineados con el Gobierno están en pie de guerra. La demora en la inyección de fondos para las obras sociales de los gremios empujó a los dirigentes a organizarse esta semana para reclamar. Lo harán a espaldas del jefe de la CGT, Hugo Moyano, los sectores que no le responden al camionero: los "gordos" (como Comercio y Luz y Fuerza); los duhaldistas agrupados por Gerónimo Venegas, y los que integran la CGT Azul y Blanca, con Luis Barrionuevo a la cabeza. En este último caso, harán una marcha el martes al Ministerio de Salud.

Los sindicatos opositores le dijeron a ese diario que la presidenta Cristina Fernández los discriminó al no firmar una resolución que debía actualizar un subsidio que perciben las obras sociales con afiliados de menores ingresos. Se trata del Subsidio Automático Nominativo (SANO), que representa 45 millones de pesos por mes ($ 540 millones anuales) para el sistema de obras sociales y que a fin de año debió subir 30% para compensar la inflación.

El SANO rige desde 2006, y fue creado por decreto para asegurar que ninguna obra social perciba menos recursos que los necesarios para darles salud a todos sus afiliados. El mínimo garantizado se calcula por criterios de edad, sexo y riesgo médico de los afiliados, de acuerdo con los aportes registrados en la AFIP. El subsidio opera en los casos de aquellas obras sociales que perciben de aportes menos que el monto establecido como mínimo, y las compensa hasta cubrir la diferencia.

La falta de actualización afectó a gremios con gran número de afiliados pero con menor nivel de ingresos, como los rurales de UATRE, los gastronómicos de Uthgra o los de Comercio. El jefe de UATRE es Venegas, que trabaja para el proyecto político de Eduardo Duhalde; el de los gastronómicos es Barrionuevo, enemigo declarado de Moyano, y el de Comercio es Armando Cavalieri, un dirigente que no goza de la confianza del matrimonio Kirchner.

El superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, había dicho en noviembre que el SANO subiría 30% a partir del mes siguiente. Pero la resolución nunca llegó a firmarse y comenzó a generar suspicacias entre los sindicatos.

En la superintendencia explicaron que la resolución debió frenarse por la reforma legislativa del monotributo, que modificó las escalas del gravamen. La superposición de ambos cambios (en el SANO y en las cuotas del monotributo) habría generado que los contribuyentes debieran pagar montos distintos en noviembre, diciembre y enero, por lo que se decidió dilatar el ajuste en el subsidio, dijeron en la repartición del Ministerio de Salud.

Pero en los gremios rebeldes la explicación no resultó suficiente: "Necesitamos que el Gobierno suba la compensación porque está afectando la salud de nuestros afiliados. Si suben los valores de las prestaciones médicas pero no nos incrementan el subsidio, lo sufren los trabajadores", le dijo a este diario Venegas, para quien la demora está directamente relacionada con su condición de opositor político.

La obra social de los rurales (Osprera) es la principal afectada por la demora en la medida. Se calcula que el año pasado dejó de percibir hasta $ 2 millones mensuales por la falta de actualización del SANO. Un monto similar al que perdió Comercio, dijeron técnicos del área sindical. También fueron perjudicados los gastronómicos (se estima que dejaron de percibir $ 350 mil mensuales) y la obra social del sindicato de sanidad ($ 300 mil menos), que lidera Carlos West Ocampo, otro enemigo de Moyano.

Para los gremios cuyos afiliados cuentan con mayores ingresos el subsidio no opera, y por lo tanto el freno a la resolución tuvo efectos neutros. Por caso, el sindicato de camioneros, que encabeza Moyano, y el resto de los gremios del transporte, también alineados con el jefe de la CGT, cuentan con salarios muy superiores a los alcanzados por el SANO.

El subsidio está financiado por el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), un instrumento que hasta fin de año había acumulado 3.500 millones de pesos y cuyos recursos provienen de una parte de la recaudación de las obras sociales. Sobre este punto sí existe unanimidad de criterio entre los sindicatos: en todos los casos le reclaman al Gobierno la restitución de ese fondo.

De hecho, la presidenta Cristina Fernández le dio a entender a Moyano que este año firmará un decreto para dejarles a los gremios el manejo de esos recursos, pero bajo la condición de que todos los sectores de la CGT terminen por encolumnarse detrás del oficialismo. Con ese fin, como anticipó Crítica de la Argentina, el camionero intentará reunirse la semana que viene con sus principales críticos para convencerlos de reunificar la CGT bajo su mando.