El negó esa posibilidad, aunque aceptó que una de las alternativas es que el tribunal ordene dar marchas atrás con la acusación fiscal.

Amado le solicitó a los jueces Carlos Novaretto, Hugo Díaz y Miguel Vagge que declaren la nulidad parcial de la acusación del fiscal de primera instancia, Fernando Rivarola, porque en una decena de cheques -de los 59 que Oppezzo le pagó a Romero Oneto en forma mensual durante cinco años-, no coinciden algunos de los números con los transcriptos en el expediente.

Para dejarlo bien en claro: Amado hizo lo que ni Romero Oneto ni Oppezzo hicieron durante los seis años que lleva abierta la causa, ya que se inició en 2006 por una presentación de los sindicalistas Omar Lara y Ricardo Caso. Ninguno de los imputados objetó los números de los documentos cuando la causa estuvo "dormida" durante años en el Juzgado de Instrucción 5, ni cuando el juez Daniel Saez Zamora la reflotó a mediados del año pasado, ni tampoco cuando recientemente llegó a juicio a la Cámara 1. Se desconoce si se trató de una estrategia defensiva de los sospechosos para recién plantearlo en el juicio o si, simplemente, no vieron el error.

"Lo que pasó fue que los números de esos cheques que figuran en el expediente no coinciden con los de los cheques que se les pusieron a la vista de los imputados cuando fueron indagados -explicó Amado-. Creo que fue un error material que debe subsanarse".

- ¿Este requerimiento no puede hacer que la causa se "caiga"?

- La Cámara tiene dos posibilidades: ordenar una nueva requisitoria fiscal o ir a juicio con los cheques bien confeccionados, y que la nueva acusación abarque solamente a los cheques objetados.

- ¿Con una nueva requisitoria fiscal, la prescripción no queda a la vuelta a la esquina?

- No creo. Tengo entendido que el tribunal ya hizo la citación a juicio, y ese es uno de los actos que interrumpe la prescripción.

Si los jueces decidieran que haya una nueva acusación fiscal -lo más improbable-, el expediente daría marcha atrás y el juicio se demoraría aún más. Sino, los imputados serían juzgados en una primera instancia por alrededor de medio centenar de cheques.

Una historia de 14 años.

El caso que involucra a los amigos -al menos así calificó el ex fiscal a Oppezzo en la justicia- tuvo su punto de partida el 16 de noviembre de 1998, cuando Romero Oneto cobró el primero de los 59 cheques de manos del ex jefe de la inspección y la dirección técnica del acueducto del Río Colorado.Ambos estuvieron a punto de zafar de la acusación, pero Saez Zamora reinició la investigación y en noviembre del año pasado los procesó por coimeros, un delito que técnicamente se denomina cohecho y que se sanciona con entre uno y seis años de prisión.

Dio por probado, prima facie, que Romero Oneto, siendo asesor legal y coordinador de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado (Cotarc), cobró los cheques durante cinco años y en forma consecutiva por 86.000 pesos-dólares de parte de Oppezzo, contratado por el Estado provincial como responsable de la inspección y la dirección técnica de la obra millonaria.

Los pagos se hicieron entre noviembre de 1998 y noviembre de 2003.La Cotarc era justamente el organismo que debía controlar a la inspección. Por eso el magistrado, en los fundamentos, sostuvo que el controlado le dio sobresueldos al controlante. También dijo que en ese momento que no estaba prescripta la acción penal.