A once días de haber sido suspendido en sus funciones como camarista federal y con la aprobación por parte del Consejo de la Magistratura para llevarlo a juicio político, Otilio Romano sigue sin aparecer.

Por eso ayer, a primera hora, el abogado Pablo Salinas, en representación de algunas víctimas de delitos de lesa humanidad y que se han constituido en querellantes, presentó un escrito ante el juez federal Walter Bento para saber si Romano continúa "sujeto a proceso" y así poder conocer su domicilio.

Se supone que el titular del Juzgado Federal N° 1, que además procesó a Romano y al ex camaristas Francisco Miret, no ha sido informado por el camarista cuestionado, ni por su abogado, de algún cambio de domicilio y mucho menos de su viaje al exterior.

También se conoció que Romano aún no pudo ser notificado por el Consejo de la Magistratura de su suspensión, simplemente porque en el domicilio fijado se informó que "no vivía más".

La continuidad de este tema del que, en el edificio de los Tribunales Federales, nadie quiere emitir una opinión, ahora está en manos del juez Bento, quien podría firmar un decreto intimidatorio para que el camarista o el profesional que lo representa se presente ante el juzgado para informar sobre la situación del magistrado suspendido y que, hasta ahora, sólo ha sido mencionado a nivel periodístico.

Como hecho sin antecedente en la Justicia Federal de todo el país, cabe recordar que Romano ha sido procesado (resolución confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza) y elevada a juicio, como partícipe necesario en 87 causas, entre las que se mencionan torturas, secuestros, allanamientos y desaparición de personas, delitos de lesa humanidad cometidos entre los años 1975 a 1983, cuando cumplía funciones como fiscal federal.

Según lo confirmó Salinas, de no haber una respuesta "satisfactoria" al reclamo, en un plazo que no excederá las 72 horas, "vamos a pedir el desafuero de Romano y también un pedido de captura internacional".