En unos días se puede decidir la suspensión, o no, del camarista federal Otilio Romano. No obstante, el juez, en la defensa presentada la semana pasada ante la Comisión de Disciplina y Acusación, ya adjuntó algunas de las pruebas que presentará a su favor, pero además mostró la lista de testigos por lo que pretende salvarse del juicio político, o en todo caso, de la destitución.

Romano se encuentra investigado en el Consejo de la magistratura por omitir investigar delitos de lesa humanidad entre 1975 y 1983 y por entorpecer la investigación que el organismo ha estado haciendo desde hace un año y medio.

Asimismo, se encuentra procesado en la Justicia federal como partícipe primario en 103 hechos, lo que significa que podría quedar detenido en caso de perder sus fueron como camarista.

Romano, en su defensa ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, no tuvo reparos en atacar a nadie. Acusó a algunos medios de comunicación, a jueces y al gobierno provincial de ser parte de una "persecución política" en su contra.

Además criticó que se lo investigue por hechos acontecidos hace 35 años e incluso, en su escrito, acusó al abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Pablo Salinas, de ser "delirante y fanático".

Por si eso fuera poco, también criticó al Consejo de la Magistratura, por investigarlo por su labor durante la dictadura, cuando él era fiscal y no juez y aseguró, como lo ha hecho en otras ocasiones, que no se sabía nada de lo que ocurría y que los jueces no tenían poder para impedir las acciones de las fuerzas de seguridad.

Por último, también se amparó en las condiciones que tenía la fiscalía federal entre 1975/76, cuando sólo había un juzgado, que cumplía diversas tareas.

Justamente, para demostrar estos dichos, Romano ofreció una serie de pruebas documentales y otras testimoniales, en donde aparecen varios nombres conocidos.

Ninguno de los nombres ofrecidos por Romano resulta desconocido en los pasillos de la Justicia federal. Nombres de ex secretarios federales, abogados, jueces aparecen entre los testigos solicitados por Romano, quien se guardó dos sorpresas: El pedido de la presencia de un ex gobernador o interventor de Mendoza y el de ex un procurador general de la Nación.

El primero de ellos es Francisco Antonio Cafiero, quien supo ser interventor en la provincia antes del Golpe de Estado; legislador nacional y hasta precandidato a presidente por el justicialismo en las internas que perdió con Carlos Menem.

Romano lo quiere a Cafiero en el Consejo de la Magistratura para que diga si alguna vez estuvo imputado en la provincia, si se encontraba al frente del Poder Ejecutivo y si en Mendoza se vivía una época peligrosa previo a la dictadura militar.

Además, Romano busca que Cafiero señale cual fue su comportamiento (el del juez) en su rol de fiscal y si puede afirmarse "que era dependiente de las Fuerzas Armadas en el poder".

Además, Romano pidió como testigo a Nicolás Becerra, quien fue Procurador General de la Nación durante el menemismo y supo ocupar el cargo de asesor jurídico de Edemsa hace cinco años.

La citación a Becerra es para que responda si Romano recibía o concurría reuniones con militares y si "se mostraba solidario con el gobierno de facto". Asimismo, en la lista figura el ex ministro de Seguridad de la gestión de Celso Jaque, Juan Carlos Aguinaga.

El demócrata fue abogado de Romano cuando este fue imputado por el juez Walter Bento y supo defender, hace 35 años a una de las denunciantes del camarista, Luz Faingold. Aguinaga tendría por objeto, negar que Romano se reunía con miembros de las Fuerzas Armadas.

Por último, aparecen citados dos ex secretarios federale que llegaron a ocupar el puesto de juez. El primero de ellos es Jorge Alberto Garguir, quien estuvo bajo el mando del ex juez, procesado, Rolando Evaristo Carrizo.

Garguir, en democracia, fue uno de los abogados del empresario Raúl Moneta, en el proceso que terminó con las destitución del ex juez federal Luis Leiva.

Justamente, Leiva es el último testigo pedido por Romano. Ambos deberían responder lo mismo que Aguinaga, según el escrito del camarista federal.

En tanto, en contra de Romano, podrían llegar a declarar una treintena de testigos, en caso de que este jueves se lo decida suspender e iniciar el proceso de remoción en su contra.