Otilio Romano volvió a sorprender. Ahora no ya con su viaje a Chile un día antes de que se conociera su suspensión como camarista, sino con un pedido como "refugiado" ante la Acnur, organismo de las Naciones Unidas. Además, solicitó y obtuvo, por parte del gobierno chileno, una visa transitoria por ocho meses.

Aquí, en los Tribunales Federales, se recibió un informe de Interpol Chile, que el juez Walter Bento, trasladó al Consejo de la Magistratura. Ahí se informa que Romano no respondió a la citación judicial (tenía un plazo hasta las 13 del miércoles), y que ingresó a Chile, donde aún continúa.

Aquí vale aclarar que no se puede hablar de prófugo por cuanto no hay orden de captura ni de detención contra el magistrado.

En Chile, la protección de refugiados está basada en la letra de la ley 20.430, promulgada el año pasado. Entre su articulado el número 16, habla de las exclusiones, donde se menciona, entre otras, aquellos delitos "contra la paz, de guerra o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional, ratificado por Chile".

Las causas

Romano se encuentra suspendido en sus funciones desde agosto. Un mes antes la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza había confirmado su procesamiento como partícipe primario en 87 casos de delitos de lesa humanidad. Las imputaciones hablan de presunto "partícipe primario" en casos de secuestros, torturas, homicidios, robo, allanamientos ilegales y el archivo de la investigación sobre la apropiación de una menor.

Ahora se avecina un prolongado proceso. Su pedido como refugiado deberá ser analizado primero por la Cancillería chilena y después por la argentina. Mientras, se deberán cursar pedidos de informes al Ejecutivo nacional, a la Justicia federal y al Consejo de la Magistratura.

Las respuestas servirán para que el Gobierno chileno evalúe aceptar o no su reclamo. Pero además, y como si esto fuera poco, vale recordar la existencia de un encono diplomático por el caso de Galvarino Sergio Apablaza, el ex guerrillero chileno y fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien goza del beneficio de asilo político, desde 2010 en nuestro país. Nunca fue extraditado aunque existe un pedido de revisión.

El viaje se concretó el 24 de agosto, a media mañana en un vuelo de LAN. Lo hizo junto con el ex juez Luis Leiva quien, en diálogo con Los Andes, confirmó la versión y aclaró que fue "acompañando al amigo en ese momento difícil", previo al anuncio de que había sido suspendido.

"No soy ni fui su defensor sino su amigo. Yo regresé el viernes y Romano tenía previsto volver el lunes. De ahí no tuve otro contacto", aseguró Leiva.

El tiempo jugó a su favor. En estos 15 días preparó, junto a profesionales en derecho internacional del vecino país, este pedido de refugiado y que se concretó en la antevíspera.