El funcionario dejó esa definición al término de una reunión que mantuvo en la planta baja de los tribunales piquenses, con funcionarios judiciales y abogados locales. Un grupo de letrados locales está sosteniendo desde hace tiempo la necesidad de que la legislatura provincial apruebe el proyecto que abriría las puertas a la mediación y podría simplificar cierto tipo de litigios.

El ministro Rodríguez había arribado a General Pico con el propósito de participar del cierre del "Encuentro Nacional Centro Patagónico de Unidades Especiales y Brigada de Investigaciones", del que participaron policías de nueve provincias.

Antes de la cerrar esta actividad, el ministro escuchó por espacio de más de 40 minutos la opinión de abogados piquenses y funcionarios judiciales que consideran de suma importancia impulsar la mediación penal. Para el ministro, la aprobación de esa alternativa judicial sería de "suma importancia" para La Pampa.

"Pacto de caballeros".

La mediación penal parece ser un novedoso camino para resolver litigios, que de otra manera derivarían en un juicio convencional, tal cual lo impone el sistema provincial. Como medio alternativo de resolución de conflictos busca reparar el daño que han sufrido las víctimas y que el imputado asuma la culpa. Así lo consideran quienes apoyan esa línea de pensamiento jurídico. Su aplicación evitaría a los perjudicados atravesar por todos los pasos que hoy fija la Justicia. Un proyecto de estás características sigue en discusión entre los legisladores pampeanos.

La mediación, a la que algunos llaman "pacto de caballeros", porque saca lo mejor de la víctima y del supuesto autor del delito, que pide perdón y quiere resarcir al perjudicado, se aplica en algunas provincias argentinas. En Buenos Aires tiene una antigüedad de aplicación de diez años. Además, tienen Ley de Mediación penal: Chaco, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Capital Federal. En Córdoba se aplica sólo para algunos delitos, mientras que Mendoza y Neuquén son pioneras en cuestiones penales con participación de menores. En otras provincias, que no tienen ley, se han implementado programas pilotos a través de acordadas de Tribunales Superiores.

Los nuevos medios para conciliar conflictos de índole penal ponen su acento ya no en la condena como el sistema tradicional, sino en la reparación del daño causado por el delito y, cuando no se pueda, se orienta a la reparación comunitaria. Ante ciertos casos, en los que se producen hechos sin violencia en las personas como por ejemplo, daños, amenazas simples, o delitos culposos generados por accidentes de tránsito, podría aplicarse la mediación penal.