La investigación por el singular robo que en enero de 2017 sufrió el Colegio de Abogados y que fue denunciado hace un año por su presidente sigue en etapa de instrucción, pero con muchas modificaciones respecto a la versión original. La fiscalía aguarda la realización de una pericia contable e informática para establecer el monto exacto de lo sustraído. A la espera de esos informes, la Justicia de Garantías dispuso que la exjefa de tesorería de la entidad, única imputada en el hecho, no pueda abandonar el país.

Tal como adelantó oportunamente 0223, la denuncia original sostuvo que el hecho se registró en una boca de cobro de Provincia Net que funcionaba en el lugar de la que un supuesto empleado de una empresa de caudales se llevó algo más de 800 mil pesos tras entregar los papeles que se utilizaban de forma habitual para ese trámite.

Aquella versión señalaba que nadie se había percatado del cambio de la rutina que cumplía la empresa Prosegur ya que el camión habría llegado el lunes cuando siempre se hacía presente los jueves. El presunto empleado entregó la documentación y se fue con el dinero, pero esa transacción nunca fue registrada por la empresa que sostuvo que ningún integrante de la firma se presentó en la sede ubicada en Brown casi Tucumán.

El titular del Colegio de Abogados Fabián Portillo presentó la denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos el 4 de mayo del año pasado, una semana después de enterarse de que una auditoría externa de la cuenta del cajero Bapro que funcionaba en la institución había detectado “un faltante de dinero bastante importante".

 

Un doble vale y un camión fantasma

Aunque en un principio se aventuró que la maniobra que permitió llevarse ese dinero con absoluta normalidad tuvo un gran despliegue que incluyó un camión de caudales, falsos agentes de una empresa de traslado y coordinación para saber en qué momento pasar a buscar la recaudación, la investigación confirmó que la maniobra ilícita fue más sencilla.

Todo se limitó a un vale por ese monto que se incorporó a la contabilidad interna del Colegio de Abogados. “No existió ningún camión, ni hubo un retiro físico de la cantidad denunciada, todo se limitó a incorporar ese duplicado de boleta por un monto que nunca se retiró”, aseguró una fuente cercana a la causa.

Los investigadores confirmaron que el empleado que figuraba en ese comprobante estaba de vacaciones al momento de ese hecho y descubrieron -a través de los registros de GPS- que el camión nunca se acercó al Colegio de Abogados local. A partir de esos datos la mira se posó en la persona que firmó el recibo que dio origen a la denuncia: la jefa de tesorería de la institución.

 

Causa en movimiento, demoras en las pericias

La causa a cargo del fiscal David Bruna fue calificada como defraudación por administración fraudulenta y tiene a la exjefa de tesorería como única imputada. En sintonía con el pedido de la fiscalía, la Justicia de Garantías ordenó en agosto de 2017 que Roxana Iriarte no pueda salir del país mientras avanza la investigación.

Más allá de las testimoniales tomadas en sede de la fiscalía y de las medidas ordenadas, la causa chocó -al igual que otras con mayor complejidad- con la escasez de recursos humanos que tiene la administración de Justicia en la provincia: desde noviembre del año pasado se está esperando la realización de una pericia contable –para establecer el monto exacto faltante- y otra informática del CPU que utilizaba la imputada.

“La pericia contable se realiza con información que debe brinda el propio Colegio y la demora obedece a que hay un solo contador en el Ministerio Público Fiscal para la realización de todas las pericias”, confió a este medio una fuente judicial.