Desde la sanción de la ley de ética pública, en 1999, los funcionarios de los tres poderes del Estado están obligados a presentar su declaración jurada de bienes. Deben hacer una rendición apenas asumen en sus cargos, actualizarla una vez por año y entregar una última luego de que cesan en sus funciones. Para presentar la actualización correspondiente a 2009, los diputados tenían tiempo hasta el 31 de junio pasado.

Sí figuran como cumplidores en el listado de la página web del Congreso los otros tres pampeanos, los radicales Ulises Forte y Federico Kenny y la justicialista Cristina Regazzoli.

Banca por banca.

Aunque hay una mayoría de oficialistas, en la nómina de los que aún no hicieron la presentación anual figuran diputados de casi todos los bloques numerosos, como la UCR, el Peronismo Federal, Proyecto Sur y el Partido Socialista. Las excepciones son la Coalición Cívica (CC), Pro, Nuevo Encuentro y GEN, que tienen un índice de cumplimiento perfecto.

El bloque de la UCR, el segundo en número de escaños en la Cámara baja, también se ubica en segundo lugar entre las bancadas con miembros incumplidores, con diez legisladores en falta sobre un universo total de 42 en esa bancada.

Entre los 29 diputados del Peronismo Federal, hay cinco en la nómina de incumplidores, entre quienes se destaca la pampeana García.

Por otra parte, en el interbloque de centroizquierda que encabeza Fernando "Pino" Solanas, los diputados en falta son tres, sobre un total de once. Y hay un socialista.

El resto de los legisladores que están demorados en la presentación de su declaración jurada de bienes pertenecen a bancadas minoritarias, son ocho y entre ellos está Roberto Robledo.

Transparencia.

La obligación también alcanza a los senadores, pero la Cámara alta no publica la nómina de incumplidores. En el Poder Ejecutivo, la lista se publica, pero el porcentaje de funcionarios en falta no llega al cinco por ciento del total.

La finalidad de la ley es generar un sistema para controlar las variaciones patrimoniales de los funcionarios, ya sea por medio de un requerimiento judicial o a partir de un control de los propios ciudadanos. Por ese motivo, las declaraciones juradas son de acceso público. La norma fijaba, además, un sistema de seguimiento de las rendiciones de cada funcionario, a cargo de una Comisión Nacional de Etica Pública, pero ese organismo nunca llegó a formarse desde que la respectiva ley se sancionó en 1999, cuando Carlos Menem aún estaba en el poder, indicó La Nación.

Pasaron varios gobiernos y cambiaron las mayorías parlamentarias, pero muchos legisladores siguen sin cumplir con la presentación de declaraciones de sus bienes y la norma que brega por la ética pública no se cumple en su totalidad.

Como bloque más numeroso de la Cámara baja, el oficialista Frente para la Victoria es también el que encabeza el ranking de diputados incumplidores, con 22 legisladores en falta en su declaración patrimonial de bienes, lo que representa más de un cuarto de la bancada que responde a la Casa Rosada.