El Gobierno de la provincia de La Rioja solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ser considerado parte en la causa en la que el Gobierno Mendoza cuestiona la constitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 699 que prorrogó la Promoción Industrial en nuestro territorio.

El gobernador Beder Herrera, con el patrocinio del fiscal de Estado Gastón Mercado Luna, solicitó que se corra traslado a la Provincia de la demanda presentada por el Estado mendocino a fin de ejercer en plenitud todas las defensas pertinentes.

En el escrito, el Gobierno Provincial señala que la terminación sin continuidad alguna de un régimen de Promoción vigente, genera consecuencias directas e inmediatas sobre la Provincia cuya actividad industrial se basa en la existencia de esa medida de fomento estatal.

La Provincia de La Rioja tiene derecho a intervenir como parte en estas actuaciones porque el resultado de este proceso impactará decisivamente en su desarrollo de ahora en adelante. Esta incidencia operará, tanto cuando se produzca el tratamiento de la medida cautelar en estudio, como cuando se expida el Tribunal sobre la pretensión de fondo, agrega la presentación del Gobierno riojano.

En el escrito enviado al máximo órgano judicial de la Nación, el Gobierno Provincial sostiene que su solicitud se funda en el artículo 90 inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto prevé la intervención voluntaria de terceros en calidad de parte, en todo proceso, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, respecto de quienes acrediten sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio. De manera indirecta, la procedencia de esta acción halla fundamento en las cláusulas del artículo 75 incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional y en la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), así como en el derecho a la tutela judicial efectiva.

Impacto económico

Según el Gobierno Provincial, la inversión privada en el sector productivo, constituyó y conforma unos de los pilares fundamentales, para el desarrollo de la Provincia, y genera un efecto multiplicador con dinámica propia, sin necesidad de una intervención permanente del Estado Provincial.

Actualmente la actividad industrial radicada en La Rioja emplea en forma directa e indirecta aproximadamente 12.000 personas, y se debe tener en cuenta que en la Población Económicamente Activa (PEA) de la Provincia, la participación del empleo industrial promovido, es de más del 10 por ciento.

En cuanto a los antecedentes de la norma cuestionada, el Gobierno Provincial sostiene que a partir de la Ley Nacional de Desarrollo Económico, ley 22.021, se produjo un importante desarrollo del sector industrial, cambiando totalmente la estructura de empleo y la actividad económica de la Provincia. La sanción de esta norma permitió el afianzamiento de la población económicamente activa, en su lugar de origen, evitando de esta manera las históricas migraciones internas a centros industrializados de nuestro país, con la consecuente erogación de la zona receptora, en ingentes deseconomías por aglomeración.

En la presentación, el Gobierno sostiene que la pérdida de la promoción industrial producirá la deslocalización de las empresas promovidas, generándose un desplazamiento del personal trabajador industrial (que ya tiene su vivienda y su puesto de trabajo en la Provincia), hacia otros centros geográficos de trabajo.

También consideró el desarraigo geográfico, dado que el empleado fabril de la Provincia de La Rioja, ya tiene su vivienda, su familia y sus afectos, insertados en la sociedad riojana.