Los ciudadanos argentinos apenas pueden conocer algo más del 50% de la información mínima que se requiere que sea pública como para poder seguir los pasos de los gobiernos provinciales. Claro que promediar es injusto, y más aún en este caso. Por ejemplo, los mendocinos tienen a su alcance el 85% de los actos de gobierno, ya que la administración provincial dispone de mecanismos para que estén al alcance de cualquiera. Algo similar sucede con los porteños (pueden acceder al 78% de los actos públicos) y con los entrerrianos (75%).

Los que sí la tienen complicada son los riojanos. El gobierno provincial sólo publica el 8% de los datos que se necesitarían para transparentar la administración pública.

El caso Santa Cruz.

Y hablando de provincias de ex presidentes, Santa Cruz, la cubeta donde el kirchnerismo probó gran parte de las políticas que hoy aplica en la Nación, tampoco se caracteriza por abrir sus libros.

Además de La Rioja, última en el ranking, sólo es menos transparente Corrientes. El gobierno de Daniel Peralta pone a disposición de sus gobernados el 23 por ciento de sus actos administrativos, y así supera por escaso margen al de Ricardo Colombi, que publica el 21 por ciento.

Los datos surgen de una investigación realizada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) sobre la visibilidad de los actos de gobierno, en el que se comparan las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires. ‘Los resultados a nivel consolidado para las 23 provincias y la Capital Federal arrojan un valor del Indicador de Visibilidad Fiscal que apenas supera el 0,5, lo cual implica que en promedio se publica algo más de la mitad de la información relevada en el presente estudio. Se detecta una importante variabilidad entre las jurisdicciones, con un valor máximo de 0,85 alcanzado por Mendoza y un valor mínimo de 0,08 en la provincia de La Rioja’, dice el trabajo firmado por Nadin Argañaraz, Sofía Devalle y Oriana Londero.

El trabajo releva 24 ítems, entre los que se cuentan los presupuestos, los anexos y los datos de ejecución de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, así como también listados de empleados, licitaciones futuras, costos de licitaciones adjudicadas, entre otros.

Solamente hay un punto que emparienta a todas: las 24 jurisdicciones tienen publicadas la legislación fiscal. De ahí en más, las diferencias son notables. Un dato curioso: Santa Cruz se muestra en soledad como la única provincia que no tiene disponible esta información para ser consultada por sus ciudadanos. La ley de leyes, como se conoce a la norma presupuestaria, de la que deriva la mayoría de las decisiones administrativas, es una incógnita para los santacruceños.

Los datos de deuda pública también brillan por su ausencia en varios distritos. Salta, Chaco, San Luis, Jujuy, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes y La Rioja omiten cualquier referencia a la deuda provincial en sus datos públicos. Sólo Mendoza presenta información sobre sus pasivos, detallada y completa.

Mucho por hacer

‘La conclusión general a la que se arriba es que aún queda mucho por avanzar en materia de difusión de información relacionada con los actos de gobierno en el ámbito provincial en la Argentina. Un mayor flujo de información entre el gobierno y la ciudadanía refleja un mayor compromiso por parte del primero, ya que permite un eficaz control ciudadano’, concluye el trabajo.

Las licitaciones tampoco son publicitadas como debiera ser, más aún cuando es la forma de contratación de cualquier provincia. La Rioja no presenta ningún tipo de información respecto de este ítem. La ciudad de Buenos Aires y Santa Fe son las únicas que dan a conocer todos los detalles de esta modalidad de contratación.

Ni siquiera el Boletín Oficial, medio por el que se deben publicar las normas de gestión y las leyes provinciales, está accesible en todas las provincias. Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja y Río Negro no lo tienen a disposición.

Acuerdo con Estados Unidos

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) y la embajada de Estados Unidos lanzaron el programa Transparencia Gubernamental, que permitirá a funcionarios argentinos viajar a Washington DC, y los estados de Minnesota y Utah para conocer casos referentes en materia de visibilidad del Estado.