De este modo, ese nivel de inversión es uno de las más altos de toda la región, aunque cerca del 90% de los mismos se destine a los salarios docentes, según lo detalla un minucioso informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
Éste es el aspecto más delicado de la ley de financiamiento educativo, que estuvo en vigencia en la Argentina entre 2005 y 2010 y que permitió a nivel global un crecimiento del presupuesto que la Nación y las provincias destinaron al sector. De ese 92%, el 13% son transferencias salariales al sector privado de la educación distrital.
Del 100% del total del presupuesto educativo, las provincias sólo destinan el 3% a bienes y servicios, 3% a gastos de capital y 2% a otras transferencias al sector privado.
Hasta 2005, nuestro país destinaba el 4% del producto bruto interno (PBI) a la educación y lo elevó en cinco años al 6,2%.
Esta variación presupuestaria contribuyó a que la Argentina pasara del puesto 81 en el ranking mundial de inversión educativa en relación con su riqueza al actual 19. Sin embargo y pese a los esfuerzos efectuados tanto por el Estado nacional como por los 24 distritos del país, aún persisten brechas entre las provincias.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) efectuó un relevamiento minucioso sobre el comportamiento del Estado nacional y de las provincias durante los cinco años de vigencia de la ley de financiamiento educativo (2005-2010).
El informe final fue efectuado por el investigador principal de esa entidad, Axel Rivas (ver aparte), junto con Florencia Mezzadra y Pablo Blezem.
“A pesar de que la ley posibilitó un gran aumento en el financiamiento del sector, no logró disminuir las desigualdades en la inversión, ya que los mecanismos previstos no resultaron suficientes para compensar la inequitativa distribución de los recursos fiscales”, afirmó Mezzadra, codirectora del programa de Educación de Cippec.
En 2010, la inversión efectiva de las provincias fue de $ 63.727 millones; $ 3150 millones más de lo que establecía la ley. Sin embargo, no lograron la meta fijada las provincias de Corrientes, Salta, Santiago del Estero y San Luis. En cambio, Santa Cruz, Formosa y Santa Fe superaron las perspectivas fijadas para ese año.
La evolución de los salarios docentes también fue dispar. Los distritos que más aumentaron a sus maestros fueron La Pampa, Formosa, San Juan, Chaco, Santa Cruz, Tucumán y La Rioja. En cambio, Catamarca, Río Negro, Mendoza y Corrientes fueron las que tuvieron menores incrementos de salarios docentes.
Según explicó Mezzadra, la mejora en el salario docente entre 2005 y 2010 fue un 50% superior “en términos reales que hace 15 años”.
El estudio revela que Tierra del Fuego es la provincia que más invierte en educación por alumno estatal: $ 17.213. Mientras que Salta es la que menos dinero destina al mismo rubro: $ 3276.
Los primeros cinco puestos se completan con Santa Cruz ($ 14.624), Neuquén ($ 11.700), La Pampa ($ 11.461) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($ 10.682).
La provincia de Buenos Aires se encuentra en el undécimo lugar con $ 6520. Entre las cinco provincias que menos dinero destinan a la educación se cuentan Tucumán ($ 4908), Corrientes ($ 4825), San Luis ($ 4489), Misiones ($ 4342) y Salta ($ 3276).
La calidad educativa no mejora
Contar con mayor presupuesto educativo lamentablemente no se ha traducido en mejor calidad educativa. Alcanza con señalar que entre 2000 y 2009, la Argentina ha mantenido un descenso sostenido en el ranking PISA, que efectúa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Esa evaluación internacional se efectúa cada dos años entre un promedio de 65 países y examina a unos 470.000 estudiantes de 15 años en sus capacidades de comprensión de lectura, matemáticas y ciencias.
Los últimos resultados mostraron a nuestro país en el puesto 398. De los 65 países participantes, la Argentina quedó ubicada en el lugar 58. Las mejores calificaciones fueron alcanzadas por los alumnos evaluados de Shanghai, Corea del Sur, Finlandia, Hong Kong, Singapur y Taiwan.
El impacto negativo de esa evaluación llevó al gobierno nacional a analizar la posibilidad de dejar de participar en PISA.
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