El acuerdo fue formalizado mediante un convenio firmado por la secretaria de Gobierno de la Provincia, Graciela Nader y la co-coordinadora legal y Técnica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Sandra Furó y su objetivo es garantizar el acceso de las personas al servicio de justicia y el respeto de sus derechos como ciudadanos.
Durante la firma del convenio, la secretaria Nader comentó que si bien en la Provincia “están garantizados los derechos constitucionales de las personas, siempre es bueno trabajar en cooperación” y destacó “los buenos frutos” alcanzados a partir del trabajo coordinado que se viene realizando con la Nación en la aplicación de diferentes programas.
La funcionaria explicó que el programa “garantiza el acceso a la Justicia por parte de todos los administrados y la asistencia a las víctimas” de delitos y resaltó que precisó que su aplicación estará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia
Por su parte, Furó comentó que la firma del convenio es el “corolario” de una serie de reuniones de trabajo que vienen manteniendo con sus pares provinciales y señaló que “la forma de federalizar este programa es mediante una articulación directa con las Provincias”.
La funcionaria nacional explicó que el programa se implementará a partir de “acciones concretas que requiera la Provincia en algún proceso en particular como la intervención de alguna institución o cuerpo pericial dependiente de la Nación” a fin de “garantizar que las víctimas tengan acceso a la Justicia”. Agregó que el programa establece un “trabajo de forma directa de forma tal de garantizar el acceso a la Justicia porque sabemos que si llega muy tarde deja de serlo”.
Finalmente, Bordón destacó los avances logrados en materia de derechos humanos en los últimos años, remarcando que a partir de la asunción del ex presidente Néstor Kirchner los derechos humanos se instalaron “como política de Estado”.
El funcionario provincial señaló que la implementación del programa demandará el trabajo de un equipo interdisciplinario que tendrá como función brindar contención a las víctimas y a sus familiares. Este trabajo también requerirá el trabajo conjunto con otras áreas del Estado debido a que “hay casos que tienen que ver con problemas estructurales como la pobreza extrema que hemos vivido en varias ocasiones; como cuando recuperamos a una chica de la trata de personas, y cuando fuimos a su hogar dormían en el piso y no tenían baño”.
Objetivos del Programa
El convenio establece que ambas jurisdicciones trabajarán en el intercambio, promoción, difusión, y la consolidación de actividades conjuntas tendientes al desarrollo de políticas públicas en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de las personas que han padecido algún tipo delitos. También se trabajará para erradicar situaciones de impunidad fáctica o jurisdiccional.
Asimismo se avanzará en la creación de una Unidad de Coordinación, con asiento en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, a fin de capitalizar la infraestructura y los recursos humanos preexistentes.
Mediante el citado programa se apunta a atender, orientar y derivar adecuadamente los reclamos de justicia de la sociedad, generados en virtud de situaciones de impunidad y encausar los efectos que la vulneración de los derechos fundamentales haya generado.
Además, se trabajará para orientar y brindar asesoramiento jurídico genérico a víctimas directas e indirectas que así lo requieran; e informar a las víctimas sobre la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales acordes a sus necesidades.
El convenio establece el rediseño, actualización, ampliación y operación de un banco informático o base de datos que permita recibir, sistematizar e incorporar la información recibida sobre hechos flagrantes de graves violaciones a los derechos de las personas.
Otro de los fines del acuerdo es promover y aplicar programas de capacitación y actualización en elementos asistenciales y pautas básicas de contención a las víctimas, acorde al nivel de complejidad necesario y adecuado en cada caso. Y se trabajará en la elaboración y elevación a las autoridades competentes de informes relativos a las afectaciones de las garantías constitucionales, que provengan de posibles abusos de los distintos Poderes Nacionales, Provinciales o Municipales.
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