Con su publicación ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en vigencia la restricción al tránsito marítimo entre las islas Malvinas y la Argentina. De ahora en más, los barcos que naveguen entre los archipiélagos y el continente deberán pedir autorización a la Prefectura Naval.
El nuevo decreto establece que el permiso para navegar se deberá pedir con siete días hábiles de antelación, que lo deberán solicitar los capitanes, armadores o la persona autorizada del buque y que deberán llenar un formulario donde conste los puertos de procedencia y de destino. Quedó fuera del decreto la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones, que debía funcionar en la Jefatura de Gabinete, según el anuncio de la presidenta, Cristina Fernández. La polémica estalló en febrero, cuando la empresa Desire Petroleum contrató la plataforma exploradora Ocean Guardian con el fin de buscar petróleo en torno de las islas. Desde entonces, el Gobierno buscó el apoyo en foros internacionales, la derecha británica pidió el envío de tropas y EE.UU. brindó un inesperado apoyo para terciar en la cuestión. El asunto perdió intensidad a finales de marzo cuando Desire Petroleum informó que, si bien había "oro negro", éste no era de suficiente calidad como para ser comercializado. Por estos días se realiza la segunda excavación.
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