Así como un mal diagnóstico impide un buen tratamiento, cada vez que desde el atril o los micrófonos oficiales se lanzan anuncios o medidas divorciadas de la realidad, el efecto suele ser contrario al buscado. Al no atacar las causas, realimentan la desconfianza de consumidores, trabajadores, inversores y empresarios, que se cubren como pueden y eso potencia los problemas.

Los ejemplos abundan desde que CFK inició su segundo mandato. Pero dos son los más elocuentes. Los controles cambiarios fueron justificados en la necesidad de combatir la evasión impositiva y no la escasez de divisas provocada por la fenomenal fuga de capitales debido al evidente deterioro del tipo de cambio real frente a la inflación. El resultado es que se frenó la entrada de capitales, se aceleró la salida de depósitos en dólares, las reservas del Banco Central casi no crecieron en el primer semestre y se reactivaron los mercados paralelos, con una brecha cambiaria de 30 a 45% que hoy genera mayores presiones inflacionarias y/o cambiarias. Otro tanto ocurrió con los azarosos permisos previos para importar, aplicados bajo el argumento de proteger la producción y el empleo mediante una política exprés de sustitución de importaciones, virtualmente imposible en términos de tiempo, volumen, calidad y precios competitivos. Esto provocó un derrumbe de la inversión y la caída de importaciones, además de represalias comerciales que afectan a empresas exportadoras y economías regionales, y se traducen en suspensiones y despidos. También en un brusco aterrizaje del PBI y una suba de precios de insumos importados y sustitutos locales, que explican la actual estanflación. Todo por no admitir que se buscó compensar en la balanza comercial el efecto de las crecientes importaciones de gas y combustibles, como producto de una política energética que catapultó el consumo subsidiado y desalentó la producción y que aún sigue sin cambios pese a la reestatización de YPF.

SEÑALES CONTRADICTORIAS

Hasta ahora se creía que subestimar la inflación y sus consecuencias socioeconómicas era sólo el eje de una estrategia política para exaltar logros y minimizar problemas. Pero CFK introdujo una novedad cuando, por la cadena nacional, fustigó duramente los reclamos de Hugo Moyano por el impuesto a las ganancias. Allí utilizó argumentos que hacen suponer que también cree en su propio relato. De lo contrario, irían en contra de lo que suele pregonar. Por ejemplo, la Presidenta destacó que la Argentina tiene los salarios más altos de América latina. Domingo Cavallo podría haber dicho lo mismo en 2001. En ambos casos, esto es producto, en buena medida, del atraso cambiario frente a la inflación. También confió que en Europa se sorprendían por los acuerdos salariales superiores al 20% en paritarias. Es explicable: pocos países en el mundo -con la Argentina y Venezuela a la cabeza- sufren una tasa inflacionaria anual de esa magnitud. Es cierto que muchos trabajadores sindicalizados consiguieron en los últimos años aumentos nominales por encima de la inflación real, homologados por el Gobierno, que admite oficialmente menos del 10% anual. Pero también lo es que el poder adquisitivo se deteriora mes tras mes. No sólo porque los ajustes van detrás de las subas de precios, sino porque la desactualización de los mínimos no imponibles de Ganancias y también de Bienes Personales -con pagos anticipados a cuenta- eleva la presión tributaria sobre ingresos y patrimonios. Más grave aún es la situación de los trabajadores autónomos e independientes gravados por Ganancias, para quienes las deducciones no se ajustan desde hace más de diez años al igual que las escalas del impuesto, que alcanza también a unos 100.000 jubilados.

Para Cristina Kirchner, la cuarta categoría de Ganancias debería considerarse un impuesto a los altos ingresos, ya que incluye sólo al 19% de los asalariados que concentran el 41% de la masa salarial registrada. Esa proporción no era muy diferente en años anteriores, cuando el Gobierno fue ajustando anualmente el MNI por encima de la inflación "oficial", excepto en la recesión de 2009. CFK dio a entender que este año podría ocurrir lo mismo debido al contexto externo. Pero la recesión europea y el menor crecimiento de la economía mundial afectan mucho menos a la Argentina que aquella crisis global, más grave y breve que la Gran Depresión de los años 30. En cambio, habría que atribuir a causas domésticas que, después de nueve años de crecimiento casi ininterrumpido a "tasas chinas" con aumentos espectaculares del gasto público, la distribución del ingreso haya mejorado tan poco que el 81% restante de los asalariados perciba menos de 6000 pesos mensuales (trabajadores solteros) o de 8000 (casados con familia tipo), que tampoco podrían considerarse precisamente altos ingresos.

Si el Gobierno cree realmente en su relato, habrá más problemas con las políticas públicas para atender a este último segmento. Las canastas básicas del Indec marcan que una familia que percibe más de 1500 pesos mensuales no es considerada pobre. Y el plan de créditos subsidiados anunciado para los jubilados no oculta que más del 75% percibe el haber mínimo de 1693 pesos mensuales. La Presidenta mencionó, casi al pasar, que el 32% de los trabajadores está en negro; pero no insinuó una baja del costo laboral que permita reducir ese problema estructural. A cambio, destacó que 3,8 millones de niños y jóvenes, hijos de desocupados y trabajadores informales, perciben la Asignación Universal por Hijo (270 pesos mensuales), cuyo último ajuste fue en septiembre de 2011 y desde entonces perdió más del 15% de poder adquisitivo real.

Con todo, hay señales de que el Gobierno puede corregir medidas apoyadas en su relato si no logra resultados inmediatos. Aunque haya que rastrearlas en el Boletín Oficial, acaba de restablecer el plan Petróleo Plus y de flexibilizar -caso por caso- los incumplibles plazos de liquidación de divisas para un centenar de empresas exportadoras. Esto ocurrió después de que se desplomaran las ventas externas de petróleo, minerales y vinos, y se deteriorara el superávit comercial que Guillermo Moreno busca blindar como garantía de gobernabilidad. También promovió la enésima negociación con Brasil para un desmantelamiento recíproco de trabas comerciales, tras comprobar que varias quejas empresarias se transformaban en cierres de plantas o suspensiones de personal. No por casualidad, CFK sinceró que más de 30.000 trabajadores de distintos sectores cobran desde hace meses subsidios (Repro) de 800 pesos mensuales para evitar despidos. Y omitió que mientras Brasil ajustó más del 20% su tipo de cambio frente al dólar en lo que va de 2012, la Argentina lo hizo sólo 5,3 por ciento..