WASHINGTON.- En un riesgoso vuelo sin red para la Casa Blanca, la Corte Suprema inició ayer deliberaciones para dictaminar si el presidente Barack Obama violó la Constitución al sancionar lo que considera el principal logro de su mandato: la reforma del sistema de salud.

Se trata de un momento políticamente significativo, bajo la certeza de que una eventual bajada de pulgar para esa normativa estrella minaría las posibilidades de reelección del líder demócrata.

"No tenemos un plan de acción alternativo. Debemos confiar en lo que dictaminen sus señorías", dicen en la Casa Blanca, al asegurar que no existe un programa de contingencia capaz de contener el impacto de un fallo adverso a sus deseos.

Pero semejante afirmación puede leerse de dos maneras. La segunda lectura es la de quienes sostienen que, en realidad, el gobierno está convencido de que, al final del camino, el tribunal validará la normativa por la que Obama se desangró políticamente en su primer año de gestión como presidente.

"Si la ley de seguro de salud resulta invalidada por la Corte, eso significará la desaparición de la realización más importante de la administración de Obama", dijo Ilya Shapiro, experto en cuestiones constitucionales del Cato Institute, un centro de análisis político de perfil conservador.

El eje de la disputa estriba en la obligatoriedad que establece la norma de que todos los ciudadanos compren un seguro de salud, algo que sectores del Partido Republicano resisten por entender que es una "inapropiada intromisión del Estado en el derecho individual de las personas".

Los demócratas dicen que eso es llevar las cosas a extremos caricaturescos. "Lo que se pretende es generar una masa de aportes a las compañías de seguros de salud, de modo que la mayor participación abarate los costos", sintetizó Marc Thompson, experto en políticas de salud pública, ante un grupo de corresponsales extranjeros, entre ellos LA NACION.

La Corte se fijó un cronograma de tres días para estudiar la cuestión con testimonios y comparecencias. Luego habrá un período de reflexión que podría extenderse hasta junio, cuando se espera que produzcan un dictamen. El primer día culminó ayer sin que hubiera pistas sobre cuál podría ser el sentido de su pronunciamiento.

De lo que no cabe duda es que la cuestión se ha convertido en uno de los ejes políticos con miras a las elecciones presidenciales de noviembre. Por lo pronto, los republicanos no se cansan de anunciar que barrerán de un plumazo la reforma de salud de Obama en caso de llegar al poder.

Cuestión incómoda

La cuestión resulta especialmente incómoda para quien corre con mayores posibilidades de encarnar la candidatura republicana en los comicios: el moderado Mitt Romney avaló una reforma muy parecida a la que ahora rechaza cuando fue gobernador del estado de Massachusetts.

Cinco de los nueve jueces del tribunal tienen perfil conservador y alguno de ellos ha mostrado, en su momento, diferencias de criterio con Obama. Pero eso no basta para anticipar un resultado del pronunciamiento.

Lo curioso del asunto es que, pese a lo decisivo de la cuestión, buena parte de la ciudadanía permanece ajena al debate y le cuesta conectar con el proyecto que está en juego.

"La reforma de salud es uno de los principales activos de Obama. Pero es también su principal punto en contra porque, en realidad, buena parte de la ciudadanía sigue sin entender de qué se trata", sintetizó Thompson.

Aprobada en 2010, la norma propone numerosas modificaciones al sistema sanitario, pero son pocas las que ya entraron en vigor. La mayoría lo hará sólo a partir de 2014.

Entre sus principales enunciados dispone asegurar la protección médica para 50 millones de habitantes que ahora carecen de ella. Entre sus principales fracasos figura el abandono de la aspiración de Obama de generar un sistema estatal alternativo al privado y que le sirviera de competencia.

En los hechos, la normativa mantiene el negocio de la salud en manos de las aseguradoras privadas, que cobran por sus servicios pólizas sumamente pesadas para el bolsillo.

Las encuestas revelan la confusión y división de la ciudadanía en la materia. Un sondeo de enero pasado reveló que el 36% de los consultados prefería la revocación de la norma, mientras que sólo el 21% se pronunció abiertamente por su mantenimiento.

Protestas en Florida

SANFORD (AFP).- Miles de personas participaron ayer de una manifestación al cumplirse un mes de la muerte del adolescente negro desarmado Trayvon Martin, a manos de un vigilante voluntario, en el estado de Florida, un caso que reabrió las heridas por las tensiones raciales en Estados Unidos.

La concentración tuvo lugar en el centro cívico de Sanford, 400 km al norte de Miami, para presentar una petición que superó las dos millones de firmas y en la que se exigió el arresto y procesamiento del vigilante voluntario George Zimmerman, que disparó contra Martin el 26 de febrero pasado.

El acusado dijo que disparó en defensa propia después de una pelea entre ambos en la urbanización privada de Sanford, donde Zimmerman hacía rondas de vigilancia de manera voluntaria.

La petición lanzada en Internet por la agrupación Change.org se entregó al alcalde de la ciudad de 53.000 habitantes para exigir que Zimmerman sea investigado y acusado por la muerte de Martin..