Aunque volvió a estar en primera fila en el Salón Mujeres Argentinas, donde hace exactamente un mes se lanzó el Plan de Desendeudamiento Federal, el mandatario correntino no habría podido obtener precisiones sobre lo que más interesa, que es la reprogramación de los pasivos provinciales. El ministro Vaz Torres también hizo gestiones, pero al cierre de esta edición no había detalles.
Este nuevo corrimiento del arco para el gobernador Ricardo Colombi, le da cierta razón en su pulseada con el peronismo local, que aseguraba que ya estaba en vigencia el Plan; sin embargo no fue óbice para que el PJ le meta más presión a la gestión radical por su forma de manejar las finanzas públicas.
Fue el propio gobernador de la provincia quien confirmó este planteo del Gobierno nacional. "Creemos que en los próximos días habrá novedades", dijo el mandatario, para dudar acerca de si aceptará o no el pedido. "Todas las provincias estamos en la misma situación. Una vez que tengamos el acuerdo marco vamos a estudiar la cláusula que solicita que las provincias acuerden o retiren los juicios contra el Estado nacional", expresó el gobernador.
"Una vez que tengamos el acuerdo definitivo veremos cual es la salida", añadió el primer mandatario, quien más adelante vincularía con una suerte de extorsión el reclamo del PJ correntino de que se trasladen las mismas condiciones de reprogramación de pasivos nacional, de la provincia a los municipios (ver aparte). "Si esto se asemeja a un chantaje, que no salga la refinanciación. El perjudicando no va ser Ricardo Colombi sino el pueblo de Corrientes", advirtió Colombi, para remarcar que la decisión ya está tomada y "la refinanciación a la capital se va a manejar por carriles institucionales".
El Estado provincial tiene al menos cinco demandas iniciadas contra la Nación por acreencias que no fueron honradas, como el caso de regalías o compensaciones a la caja previsional (IPS). Todas fueron presentadas durante la gestión anterior, por decisión del entonces gobernador Arturo Colombi y quien fuera su fiscal de Estado, Fernando Carbajal, por montos cercanos a los mil millones de pesos.
El diputado liberal Alejandro Sitjá y Balbastro definió este nuevo pedido de la Nación como una lisa y llana "extorsión" y reclamó al Gobierno provincial que no ceda bajo ningún concepto.
El debate recién comienza, porque anoche el tema llegó al recinto legislativo durante una anodina sesión de la Cámara de Diputados.
Lo cierto es que el Gobierno ha quedado encorsetado porque tome o no la decisión de desistir de esos juicios, la demora será crucial para una economía que no está precisamente en estado óptimo.
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