En las últimas horas judiciales del año pasado, el juez federal Ariel Lijo ordenó varios allanamientos en la causa en la que se investiga si la empresa del hermano del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue favorecida con negocios que estaban en el área que controlaba el ex funcionario público.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó a Lijo que Confear, la empresa propiedad de Daniel Jaime, hermano del dirigente kirchnerista, facturó $ 7.842.680 a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) una sociedad integrada por las concesionarias de los ferrocarriles urbanos que se unieron -a pedido del Estado- para administrar otras líneas de trenes.

Las tres empresas que conforman Ugofe son el Grupo Roggio, el Grupo Emepa y el Grupo Cirigliano, que en la etapa en la que le dieron los negocios a Confear estaban bajo la supervisión de Ricardo Jaime.

Las oficinas de Confear en Puerto Madero fueron allanadas: pero la firma se había mudado a otro domicilio también en uno de los más caros barrios porteños. Por orden de Lijo y de su secretario Juan Rodríguez Ponte se realizaron allanamientos también en las empresas que le facturaron a Confear: Argenva S.A. y Zent S.A. Esas dos empresas comparten con Confear algunos integrantes de sus respectivos directorios y en todas figura José María Cisternas, hombre vinculado a los negocios de la familia Jaime.

En el allanamiento a las proveedoras de Confear, los investigadores determinaron que allí también funciona otra empresa de Cisternas y también vinculada al negocio de los trenes: Desarrollos Tecnológicos del Sur (DTS). Argenva, Zent y DTS, conforman, junto a Gladio S. A el Grupo Argenvías que en su página web se presenta como la unión de varias firmas para realizar construcciones y reparaciones ferroviarias, entre otras obras.

El caso se abrió a partir de los mails hallados por la Justicia en las computadoras de Manuel Vázquez, testaferro de Jaime. En cientos de ellos, Daniel Jaime pedía "obras" para su empresa. Nombraba a funcionarios y empresarios que eran los garantes de que las obras se otorgaran a Confear. Y según avanza la investigación de Lijo se cumplió la palabra empeñada. La facturación de Confear a Ugofe comenzó en la época de Jaime y continuó hasta 2010, cuando en Transporte ya estaba Juan Pablo Schiavi, quien se mantiene aún al frente de la secretaría del área, bajo la órbita del ministro de Planificación, Julio de Vido.

En principio se investiga el posible delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Esto es así, debido a que las reparaciones hechas por Confear se pagaron con dinero del Estado que administraba -a través de Ugofe- el hermano del empresario favorecido. Pero otra hipótesis es la tendiente a determinar si Confear estaba en capacidad de realizar las obras por las que le pagaron una cifra millonaria o sólo actuó como intermediaria y las obras las hicieron sus proveedoras.