La relocalización de más de 1.500 familias que viven a orillas del Riachuelo en la ciudad se demorará, al menos, dos años más. Así lo reconocieron las autoridades porteñas en la última audiencia frente a la Corte Suprema de Justicia. El fallo que deben cumplir establecía como plazo máximo el 15 de enero de 2013 para mudar a las personas que viven a orillas de la cuenca baja del Riachuelo, en la Villa 26 y en la 21-24, ambas en Barracas. Pero, tal como lo había anticipado Diario Z el 23 de marzo, no sólo no se comenzaron a construir las viviendas: no está claro siquiera dónde se va a concretar la obra.

Con este reconocimiento, que sorprendió al presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, el gobierno porteño dio parte de una exposición que recibió varias reprimendas por parte de los magistrados. Los representantes porteños, encabezados por el procurador Julio Conte Grand, fueron emplazados a que en la próxima audiencia, con fecha a fijar, presenten el modo en que harán efectivo el depósito de 160 millones de pesos para que funcione la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). El organismo compuesto por los Estados nacional, bonaerense y porteño (que debe cumplir con el fallo que ordena sanear el Riachuelo), debe recibir por año $320 millones de la Nación, $160 millones por parte de la provincia y otros $ 160 millones, de la Ciudad. Pero Juan José Mussi, presidente de Acumar, informó que la provincia no aportó su parte, y que la Ciudad sólo giró $ 25 millones.

José Luis Enríquez, jefe de asesores del Ministerio de Gobierno bonaerense, reconoció: "Admito que no aportamos los $ 160 millones, pero sí invertimos $ 1.661 millones en obras", aseguró. "¿Pero van a aportar los fondos o no? Es una obligación legal", advirtió Lorenzetti. "La semana que viene presentaremos un informe", explicaron los bonaerenses que agregaron que en el proyecto de presupuesto 2013 incluyeron un monto igual.

Una situación similar le tocó a la Ciudad. Conte Grand también reconoció que no habían depositado todo el dinero. "Entendemos que deben valorarse los aportes que hicimos en obras, y también que Acumar puede financiarse con otras fuentes. Pero sí estamos reflexionando sobre el tema para modificar en el Presupuesto 2013 la partida para Acumar", aseguró el funcionario. Lorenzetti respondió: "Ustedes pueden reflexionar todo lo que quieran, pero hubo un compromiso de poner los fondos, es una obligación. Todas las jurisdicciones pusieron más dinero en obras. Me gustaría que la Ciudad explique qué hará, de lo contrario la Acumar no puede funcionar". La Ciudad también pasó un mal rato cuando el juez Eugenio Zaffaroni les planteó que incrementen el diálogo con los vecinos a relocalizar y leyó una serie de planteos sobre el estado de las obras, la falta de luz y de agua en algunas de las nuevas casas. Un funcionario del IVC dijo que esos problemas ocurren porque esas viviendas fueron tomadas y tenían aún algún grado de deterioro. Además reconoció que desde hace meses no hay más reuniones con representantes de los barrios. Sobre el tiempo de ejecución de las viviendas para las 1.500 familias arriesgaron un plazo máximo de 24 meses.