Después de haberle exigido a los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad que cumplan con el mandato judicial e inviertan todo el dinero que les corresponde para que funcione la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), la Corte Suprema reanudó ayer las audiencias para evaluar el avance del plan de saneamiento del Riachuelo con muchas preguntas al presidente de AySA, Carlos Ben. Después de escuchar a seis intendencias, el máximo tribunal le preguntó al titular de AySA sobre el funcionamiento del sistema de contrataciones directas de la empresa basado, según explicaron sus ministros, en un informe de la Auditoría General de la Nación. También pidieron precisiones sobre plazos de obras .

La audiencia se hizo en el Palacio de Tribunales y esta vez tuvo como oradores a funcionarios de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. Si bien habían sido convocados los intendentes, sólo el de Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezó su descargo en forma personal. El resto prefirió presentar sus informes a través de funcionarios que fueron detallando de a uno los avances en cada objetivo y los resultados que se consiguieron desde que la Justicia impuso el cumplimiento del saneamiento de la cuenca en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008 (fallo “Mendoza y otros”).

Tras la participación de los municipios, el tribunal, encabezado por Ricardo Lorenzetti, tuvo algunos cruces con el presidente de AySA, a quien indagaron sobre qué criterios usa la empresa para las contrataciones y cómo gasta los fondos de la ACUMAR. “¿Usted afirma que no hay perjuicio para el Estado?”, interrogaron. Ben respondió que ese método de adjudicación se utiliza en trabajos que demandan “urgencia”. También le cuestionaron por qué se repiten las empresas o los socios en las adjudicaciones. Y, sobre eso, el titular de AySA aceptó un solo caso. Más tarde se excusó por las demoras en la obra de la planta depuradora en Berazategui, un trabajo clave que ahora pasó para junio de 2013.

Después de esa presentación, el máximo tribunal decidió pasar otra vez a cuarto intermedio. Está previsto que para la próxima audiencia asistan representantes de CEAMSE, de la Defensoría del Pueblo de la Nación y el auditor General de la Nación.