El juez penal Carlos Reussi fue ratificado al frente de la causa de los "sobresueldos", que esta semana vio frustradas las indagatorias a ministros y ex funcionarios que renunciaron para ser candidatos del oficialismo rionegrino.

La Sala A de la Cámara del Crimen rechazó la recusación planteada por el defensor de imputados, Miguel Cardella, contra el juez, a quien lo acusó de falta de neutralidad porque su esposa, Lucrecia Rodrigo, cobraría adicionales por su labor en la Fiscalía de Estado.

La presidenta del Tribunal, Susana Milicich de Videla, expresó que la abogada Rodrigo, "ejerce sus funciones en la Fiscalía de Estado de la Provincia y percibe por dedicación exclusiva una bonificación de 780 pesos mensuales, entre otros tantos agentes y/o funcionarios de ese organismo".

Agrega que "si bien dicha bonificación no figura en el recibo de sueldo, porque según se informa corresponde a una partida de la Secretaría General y no de la Fiscalía, el dinero percibido tiene monto cierto y causa justificada", diferenciando la situación de las de los imputados, quienes según la promoción de acción penal, darían destino incierto y discrecional a esos fondos.

También afirma la magistrada que la cónyuge de Reussi, "no es parte interesada en la presente investigación".

La jueza destacó que "hoy por hoy, ni siquiera el fiscal de Estado -Alberto Carosio- figura como beneficiario del accionar imputado a Francisco González".

Milicich dijo sobre González que "invocando decretos preexistentes que reglamentaban otras asignaciones al personal, las que según el tenor de las resoluciones, responden al pago de dedicación exclusiva funcional para autoridades superiores del Poder Ejecutivo Provincial, comprometió y devengó una millonaria suma de dinero de la Secretaría General de la cual era su titular, ordenando a Tesorería General se abonen a César Barbeito, Alfredo Pega, Diego Larreguy, Juan Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras, Francisco González -a él mismo- y -a la misma- Tesorería General".

Sostiene que estos organismos, disponían de esos montos "beneficiando a funcionarios o agentes del sector público, generando un emolumento o remuneración no declarada, por tanto, con destino no público, sino privado respecto de cada uno de los beneficiarios. Ello así, en tanto se procedía a librar cheques a la orden del beneficiario, de donde es dable presumir eran cobrados por ventanilla".

No obstante, deja abierta la posibilidad de que la situación cambie en función del avance de la causa. Los demás vocales, Francisco Cerdera y Eduardo Giménez, acompañaron la resolución con su voto de adhesión.

De esta manera, Reussi podrá continuar investigando y no se descarta que desde la Fiscalía se insista con exigir la comparecencia de los imputados, quienes desde el lunes hasta ayer faltaron a las indagatorias a las que fueron convocados.