Esta batería de medidas, que según algunos analistas busca apuntalar la figura del presidente en un escenario de grave crisis económica, sorprendió por su inmediatez, pero no por su contenido. El propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que estuvo a cargo del anuncio en el Congreso de los Diputados, afirmó que este "giro a la derecha" en materia jurídica ya estaba descripto en el programa político del gobernante Partido Popular (PP).

Dentro del paquete anunciado, la reforma que más revuelo generó fue la de la modificación de la actual legislación vigente sobre el aborto, que fue impulsada en 2010 por el gobierno del entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La propuesta contempla revocar uno de los pilares de la normativa, al exigir el consentimiento de los padres de las menores de edad que quieran abortar. La ley actual no plantea la aprobación de los padres de las jóvenes de 16 y 17, sino tan sólo exige que los progenitores "sean informados" por sus hijas.

Ruiz-Gallardón criticó la "aprobación sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" de la ley vigente, que despenalizó completamente la interrupción voluntaria del embarazo para transformarlo en un "derecho de la mujer". Pero el ex alcalde de Madrid adelantó que el criterio que guiará la reforma será completamente diferente. "Las modificaciones que haremos estarán basadas en el derecho a la vida, según la doctrina del Tribunal Constitucional", apuntó.

Las reacciones

Este anticipo de la marcha atrás que el PP, hoy con mayoría en el Congreso, impondría sobre la controvertida ley del "aborto libre" provocó inmediatas reacciones.

La Organización Médica Colegial de España (OMC) respaldó la medida al estimar que se salva "un agujero importante" de la ley, como la falta de control y opinión efectiva de los padres sobre las adolescentes que se proponen abortar.

"La menor necesita apoyo claro y definitivo de alguien para tomar una decisión tan importante", señaló el presidente de esa asociación, Juan José Rodríguez, que además aclaró que espera que la reforma tenga un alcance más profundo.

En la misma línea, la coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Vida Humana (PDVH), Gádor Joya, le dio la bienvenida a la propuesta de reforma oficial, aunque, en su opinión, "aún es muy vaga y poco concreta". Sin embargo, y al igual que otros grupos pro vida, Joya reafirmó que su asociación estará "atenta a lo que suceda", a la espera de señales para lograr su objetivo: la derogación total de la ley del aborto.

Ley del menor

En cambio, el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Santiago Baranbio, tildó el anuncio de "pésima noticia". En su opinión, la exigencia del consentimiento paterno "es una medida cosmética, típica del ala más ultraderechista del PP", que no cambiaría la situación. De acuerdo con un informe emitido por esa organización, "sólo 151 de 36.700 mujeres que abortaron no notificaron a sus padres".

Por su parte, la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) afirmó que la propuesta del gobierno es "un paso atrás" para las mujeres, que "alejará mucho a España" del resto de Europa en materia legislativa y en el ámbito cultural.

"Las jóvenes de 16 y 17 años ya pueden casarse o donar órganos, pero ahora no se les quiere dejar poner fin a un embarazo no deseado, algo que las puede afectar por el resto de su vida", protestó Yolanda Besteiro, de la FMP.

Además de modificar la legislación que regula la interrupción voluntaria del embarazo, el gobierno propuso ayer reformar la ley del menor. El objetivo del Palacio de la Moncloa es lograr que en los casos en que se cometa un delito de gravedad con la participación de adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados en forma conjunta.

Por otra parte, el Ejecutivo español reconoció que analiza imponer la pena de prisión permanente revisable para los condenados por delitos que "causen una gran alarma social", como el terrorismo. La aplicación de esta figura penal, que se asemeja a la cadena perpetua, fue justificada por el PP en el hecho de que existe "en todos los países de la Unión Europea, menos dos". Y uno de ellos es España..