Aunque el rumor venía creciendo con el correr de los meses, finalmente ayer se conoció la decisión del gobierno provincial de iniciar un proceso de «revisión» del sistema de subsidios que la Dirección General de Escuelas otorga a las escuelas privadas.

De esta manera, el gobierno bonaerense comenzará a revisar en el mes de septiembre, los aportes que actualmente gira a los colegios de gestión privada -ya sea confesionales o laicos- con el objetivo de «redireccionar» los recursos hacia los establecimientos gratuitos o semigratuitos de las zonas más pobres, según afirmó el director general de Cultura y Educación, Mario Oporto a la Agencia DIB.

El funcionario confirmó en las últimas horas la medida que ya había dejado trascender semanas atrás con el objetivo de «simplificar el sistema actual y mejorar la distribución interna de las subvenciones para que el Estado apoye a los que más necesitan».

Según los datos oficiales, los colegios de gestión privada atienden hoy a un tercio de la matrícula provincial. El 73 por ciento de las unidades educativas, que atienden a 876 mil alumnos de todos los niveles, reciben aportes para pagar los salarios del personal docente.

Entre ellos, el 30 por ciento recibe el 100 por ciento de subvención, el 17 recibe un 80, y el 13 entre el 60 y 70 por ciento. La idea del Ejecutivo es reducir el sistema a tres tipos de aportes, que podrían ser 50, 80 y 100 por ciento, y hacer foco en los establecimientos que hoy enseñan en forma gratuita o semigratuita, con cuotas muy bajas, en los lugares de menores recursos y en aquellos adonde el Estado no llega.

El tema será tratado y consensuado con el sector en septiembre en el marco del Consejo Consultivo de Educación con las entidades que nuclean a los colegios privados particulares laicos y confesionales, y que seguramente generará una creciente polémica en medio de la fuerte disputa entre el gobierno y la Iglesia, a raíz de la sanción de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.

«Se va a iniciar un proceso de revisión del sistema de distribución de los aportes a colegios privados -católicos y laicos- que rige desde hace 40 años y nunca se modificó», aseguraron desde el entorno de Oporto.

«El objetivo será seguir con una mejor redistribución de los aportes, con transparencia y equidad, especialmente para los colegios que reciben el 100 por ciento, con más necesidades y con alumnos de barrios carentes», agregaron, a la vez que aclararon que «no habrá política de persecución ni corte de subsidios».

También precisaron desde la cartera educativa que «la provincia va a seguir ejerciendo el poder de control en el caso de que hayan aranceles que no coincidan con el beneficio del aporte que reciben del Estado».

«Es injusto que el Estado invierta en el ámbito no estatal para que después ese ámbito pueda, con esa ayuda, dar una mejor oferta que la que ofrece la provincia», añadió, y concluyó sosteniendo que «tenemos que ir a buscar la oferta igualitaria».

Expectativa local

Aunque la oferta educativa privada se multiplicó exponencialmente en nuestra ciudad en la última década, la mayoría de los nuevos establecimientos no recibe sin embargo apoyo estatal. En cambio, los colegios confesionales tradicionales de la ciudad, sí reciben el subsidio permitiendo una reducción sustancial en las cuotas que abonan los alumnos.

En ese sentido, crece ahora la expectativa respecto a las consecuencias que las medidas oficiales podrían tener sobre la incidencia en el valor de las cuotas, que este año han registrado diferentes incrementos.