Se trata de imposiciones -algunas datan del año 1967- que en algunos casos se siguen percibiendo para el financiamiento de obras que jamás se iniciaron y ya no se harán, o para atender otras ya terminadas y que incluso su operación fue privatizada. Los millonarios fondos que se recaudan por esos conceptos, según denuncian varios legisladores, van a parar a Rentas Generales del Estado provincial, con lo cual no se estaría cumpliendo la afectación original de estos tributos que pagan en sus facturas todos los usuarios del servicio de energía en la Provincia.

Algunas estimaciones hablan de que por todo concepto, la Provincia estaría recaudando unos 700 millones de pesos al año por el cobro de estos tributos que llegan con la tarifa de electricidad.

Por un decreto del año 1967, la Provincia percibe un 10% que se calcula sobre el consumo domiciliario para un Fondo de Desarrollo Eléctrico, además de otro 5,5% con destino a un Fondos para Grandes Obras. Pero además, los usuarios deben pagar un 6% y otro 0,6% más como contribuciones municipal y provincial, respectivamente.

No son los únicos conceptos que llegan en las boletas con forma de impuestos: hay que anotar un 5% de un Fondo Compensador de tarifas. A todos estos gravámenes se suman tributos nacionales como el 21% de IVA y un 0,6% por el polémico fondo de Santa Cruz.

ALCANCES

En el Senado bonaerense, desde la oposición ya se han presentado dos proyectos de ley para derogar las dos leyes que imponen cargas en la energía: ambos proyectos entraron el 10/03/10, tuvieron estado parlamentario el 17/03/10 y desde el 19/03/10 se encuentran en la Comisión de Presupuesto e Impuesto. ( Derogación del Decreto- Ley 9038/78 y toda otra norma legal complementaria y del Decreto-Ley 7290/ 67 - “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires”).

Respecto a los diputados, la mira de los legisladores está posada sobre cuatro de estos tributos que cobra la Provincia. Durante junio 2010 se dio un primer paso en la discusión cuando se debatieron distintas alternativas en la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados.

En ese ámbito se analizaron dos iniciativas, que avanzan directamente con la eliminación de esas imposiciones que, en términos prácticos, significaría una disminución en los montos que abonan los usuarios del servicio eléctrico de la Provincia.

Una propuesta busca derogar un decreto del año 1967 que creó un Fondo para el Desarrollo Eléctrico, que representa un 10% del consumo eléctrico. Y también persigue la eliminación de otro decreto del año 1978 que creó una imposición del 5,5% para la construcción de una central de bombeo en la laguna La Brava, en el partido de Balcarce.

El argumento es que la Provincia no tiene previsto realizar obras eléctricas y que, además, recibe un fondo nacional para esos trabajos. Pero además, se afirma que la obra en la mencionada laguna jamás comenzó y ya no se haría.

Respecto de la eliminación de los otros dos tributos que pagan los usuarios, tienen que ver con contribuciones provinciales (0,6%) y municipales (6%). "Estos conceptos son sustitutivos de gravámenes provinciales y municipales que deberían pagar las empresas de energía, pero en lugar de eso se transfirió a los usuarios la carga que tendrían que absorber las concesionarias", se explicó.

Para fundamentar los proyectos se sostuvo además que los bonaerenses soportan una carga tributaria, entre impuestos nacionales y provinciales, cercana a un 48%, mientras que en Córdoba es del 31% y del 28% en Capital Federal.

Con las reformas propuestas, la reducción en los gravámenes para los bonaerenses sería de un 22,1%.

ALTERNATIVAS

Ese último planteo no encuentra posturas unánimes, dado que desde el oficialismo se inclinan por cambiar el destino de los fondos que se recaudan y afectarlos a obras de electrificación rural.

Del lado opositor, se indica que “no estamos de acuerdo con que estos fondos vayan a Rentas Generales. Si estos impuestos continúan que se afecten a obras porque no se pueden manejar al libre albedrío".

En medio del debate, los diputados decidieron citar a funcionarios del área de Energía de la Provincia para que aclaren cómo se están utilizando estos fondos.