Las causas de lesa humanidad de Jujuy comienzan a tener agilidad, ya que es una jurisdicción retrasada en estos procesos. El accionar del flamante juez subrogante Fernando Poviñas, en el Juzgado Federal Nº2, marca fuertes diferencias con el accionar del ex juez Carlos Olivera Pastor.

Madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy- Hijos y ex detenidos por razones políticas en conferencia de prensa dieron a conocer un extenso documento en el marco de las investigaciones que se realizan por estas causas: nuevas fechas de juicios orales, órdenes de indagatorias, resultados de los allanamientos a la empresa Ledesma, denunciando acciones de espionaje de la empresa azucarera en tiempos de la dictadura y también en democracia.

Informaron que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy resolvió que el 12 de julio comenzará en Jujuy el primer juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Se juzgará a los responsables por la desaparición de Julio Rolando Alvarez García, Reynaldo Aragón, Paulino Galean, Luis Ramón Aredez y Avelino Bazán. La decisión de acumular estas causas responde a la necesidad de darle celeridad al proceso de juzgamiento y condena. Vale recordar que se había anunciado el primer juicio para el 13 de junio con el caso de Alvarez García, es decir que se dilatara casi un mes por la acumulación señalada anteriormente para agilizar el proceso judicial.

Además la justicia, en el marco de causas relacionadas con la Noche del Apagón, citó a declarar al ex administrador de la empresa Ledesma, Alberto Lemos para el 17 de mayo y al titular del Directorio el 18 de mayo.

Informes de espionaje

La documentación allanada en los domicilios de la empresa azucarera, el 26 de abril pasado, son de gran valor, ya que revelan un legajo del ex dirigente azucarero Jorge Osvaldo Weisz que incluye datos laborales, además un informe de inteligencia efectuado por la empresa World Division. Psicología Industrial, que da cuenta de un trabajo de espionaje exhaustivo efectuado al dirigente. También encontraron legajos laborales de otras personas desaparecidas y sobrevivientes.

El informe demuestra que la empresa azucarera realizaba un seguimiento de sus trabajadores y ratifica su participación en los delitos cometidos durante el terrorismo de estado.

También hallaron otro informe minuciosos de 300 fojas con actividades relacionadas con la Marcha del Apagón, en el 2005, que revela que la empresa no ha cesado con su espionaje y metodología de seguimiento y persecución a líderes sociales, gremiales y políticos en el orden internacional, nacional y local.

Ante la sospecha de represalias, las organizaciones solicitaron protección a través de la presentación de un hábeas corpus colectivo y lo mismo harán al Ministerio de Seguridad nacional, al frente de Nilda Garré.