Atento que ya se ha informado sobre las bases macroeconómicas proyectadas en el presupuesto, me limitaré a realizar algunas observaciones referidas al ámbito de mi provincia, Santa Fe.

El proyecto en análisis refleja un auténtico unitarismo fiscal en detrimento del federalismo, esto es así, dado que estamos en presencia de una Nación con una afluencia de recursos que son distribuidos parcial y discrecionalmente a las provincias.

En ausencia de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, las provincias no vienen recibiendo el 34% del piso que deberían obtener en forma automática desde la Nación. A lo sumo, y aún incluyendo el denominado Fondo Sojero, estan en el 26% de los recursos tributarios que llegan con automaticidad a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los estados provinciales siguen cediendo parte de sus recursos para sostener a una ANSES que ha dejado de ser deficitaria, desde que este Congreso de la Nación aprobara la eliminación del anterior régimen de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.

La necesidad de peregrinar a Buenos Aires, por parte de las autoridades provinciales en busca de auxilio financiero, es una realidad que ha venido agravándose en los últimos tiempos .

Si bien las transferencias de la Nación a las provincias han crecido. El problema es la falta de automaticidad y los criterios de equidad en su distribución.

Mi provincia, Santa Fe, que he tenido el honor en dos oportunidades de gobernar, y que represento en este Senado, es una de esas provincias desfavorecidas por las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional.

No puedo dejar de sentirme preocupado al comprobar que en la distribución de obras públicas Santa Fe no habrá de recibir ni el 4 % del total plurianual de los próximos tres años.

Asimismo, es discriminada en innumerables programas del Ejecutivo nacional, como por ejemplo, en el de Atención a la Madre y el Niño, donde recibe el 2,3% del total nacional; el Argentina Trabaja, con el 2,4%; el de Techo Digno, con el 3,3%, siendo en este caso nuestra provincia perjudicada en la distribución, teniendo en cuenta que su déficit habitacional es del 7,7%.

Debo decir que solo el 4% de los recursos que corresponden al subsidio a los transportes recaerán en mi provincia.

La cual, también, merecería ser compensada por no haber transferido su Caja Jubilatoria, cuyas erogaciones son absorbidas con los recursos del presupuesto provincial.

Santa Fe, genera buena parte de la riqueza exportable del país, y debería percibir la proporción que corresponde a su territorio, en cuanto a recursos y obras públicas, estas se prolongan en estudios de prefactibilidad o en anuncios que se imponen a las realizaciones.

Santa Fe es el segundo mayor productor de soja del país y aporta en consecuencia, un porcentaje fundamental de los ingresos provenientes de las retenciones nacionales que integran el Fondo Federal Solidario.

Sin embargo, la provincia no percibe de dicho Fondo sino una minúscula parte de la distribución del mismo.

Para no abundar en mayores detalles del gasto total, que se ubica en 505.000 millones de pesos, Santa Fe habrá de recibir unos 23.369 millones de pesos, o sea el 4,63% del total, cuando su población, respecto del total nacional, es del 7,98%, según el censo poblacional de 2010.

Además, siguiendo esta línea de estudio, en el presupuesto 2012 se destinan unos $ 7.000 millones de pesos para el Programa de Desendeudamiento Provincial, en el que Santa Fe no está incluida gracias al equilibrio fiscal que supimos mantener.

Esa mesura fiscal hizo que ahora no necesitemos estar incluidos en dicho Programa. Pero ello no significa que no tengamos necesidades y que Santa Fe sea relegada a la hora de que afluyan los recursos desde la Nación.

Por eso, señor Presidente, por todos los motivos antedichos, adelanto mi rechazo en general y en particular a la media sanción que proviene de la Cámara de Diputados en el contexto del tratamiento del presupuesto correspondiente al ejercicio financiero del 2012.

DISCURSO SOBRE PRORROGA DE EMERGENCIA PUBLICA

"El proyecto de ley que hoy se apresta este Senado a tratar corresponde a una agenda del pasado. Da mayores facultades a un Poder Ejecutivo que ya no las precisa".

Cuando en el 2002 se sancionó la ley de emergencia pública, a la que suele denominársela simplificadamente como ley de emergencia económica, por supuesto que, como todos bien lo recordamos, la situación era muy crítica.

En el campo económico, se dio la incautación de los ahorros, una salida de capitales furiosa, la desconfianza absoluta en el sistema financiero, una devaluación de proporciones gigantescas en el marco de la denominada pesificación asimétrica.

En el campo social todo era aún peor. Una crisis sanitaria, altísimas tasas de desocupación y de sub-ocupación, una pobreza e indigencia extraordinarias. La desazón colectiva, la falta de conducción y de rumbo, habían hecho carne hasta en la autoestima de los argentinos.

Ese era el triste escenario de la Argentina de aquellos años.

En ese contexto, y tras la renuncia presidencial, el Congreso de la Nación debió sostener, quizás como nunca antes, una institucionalidad que se veía amenazada. Se debía generar rápidas respuestas para salir de una crisis a todas luces visible y de vastos alcances.

Así nació la emergencia pública para contribuir, con un instrumento legal especial y de por sí acotado en el tiempo, para que el Ejecutivo nacional cuente con una herramienta para atender la profundidad de una crisis que llegó a poner en duda la legitimidad de la República.

Por eso, en esos momentos, dictar una ley de emergencia pública, atribuyéndole mayores facultades al poder administrador, no podía ser visto como una convalidación del histórico presidencialismo que caracteriza a nuestro sistema de gobierno. Era una necesidad de la hora. Se debía restablecer la autoridad presidencial.

Con el paso del tiempo, por méritos propios y por circunstancias contextuales ajenas, la Argentina fue saliendo, por suerte, de esos oscuros años.

Se revirtieron tendencias económicas internacionales desfavorables, comenzamos a crecer y, de la mano de la producción, vino de nuevo el empleo, vino de nuevo la acción estatal muchas veces reparadora, vino de nuevo la necesidad de restablecer las heridas sociales siempre abiertas pero que, en el 2001, habían quedado más expuestas que nunca.

Con el crecimiento económico a tasas muy altas, con el aumento de las exportaciones, con una mayor contención social, quedaron atrás aquellos años en los que la emergencia era real y que, por ello mismo, requería de un instrumento legal que este Congreso otorgó en su momento inicial. Y que ha venido prorrogando tantas veces.

Pero esa situación, señor Presidente, la de la crisis, no puede ser ritualizada. No puede ser eterna ya que ninguna crisis es permanente. No puede ser eterna ya que las condiciones objetivas han cambiado, como es de público y notorio.

En el 2002 la ley de emergencia pública fue necesaria. En los años siguientes, era razonable extender sus alcances ya que la reconstrucción del tejido político, económico y social no iba a ser de un día para el otro. Por eso desde esta banca apoyé oportunamente sus respectivas prórrogas.

Sin embargo, luego de dos mandatos constitucionales completos, cuando incluso uno de los lemas de la campaña presidencial en el 2007 apelaba a la consigna "Argentina un país normal", esas prórrogas dejaron crecientemente de ser razonables. Se transformaron en rutinarias y, lamentablemente, se convirtieron en un elemento legal que apuntala la profundización de un presidencialismo, por momentos hiperpresidencialismo, que es necesario moderar y revertir, en homenaje al rol que le cabe a este Congreso de la Nación y a la propia institucionalidad.

Por eso, ya en el 2009 me opuse a la prórroga de esta ley. Esa ha sido desde entonces mi postura. Y por supuesto la mantengo en la votación de hoy día.

Si en el 2011 hubiera que declarar alguna emergencia, señor Presidente, no creo que debamos prorrogar una que fue concebida para atender la crisis de 2001-2002.

A diez años de esos tristes momentos, cuando las circunstancias han cambiado radicalmente, en todo caso debería ponerse el acento en las cuestiones pendientes declarándose, por ejemplo, la emergencia en materia de seguridad, la emergencia en materia de vivienda, la emergencia en materia de lucha contra las drogas, la emergencia en vistas de construir una educación de calidad.

Creo que el proyecto de ley que hoy se apresta este Senado a tratar corresponde a una agenda del pasado. Da mayores facultades a un Poder Ejecutivo que ya no las precisa. No se dirige a resolver y encarar los desafíos del futuro. Por ello mi rechazo.