Respecto al encuentro, el subsecretario de Pesca y Actividades Portuarias, Juan Carlos Braccalenti, indicó que «teniendo en cuenta el impacto que tiene la actividad en la comunidad deseadense y atendiendo la proximidad del inicio de la misma, quiero destacar que en esta reunión los empresarios santacruceños se han comprometido a priorizar el embarque de marineros santacruceños, con radicación efectiva en Santa Cruz, para los relevos que fueran necesarios».
De esta manera, el funcionario agregó que «también nos comprometimos a organizar un esquema, en forma conjunta con las empresas, para que al momento de la parada biológica se garanticen al menos un número de 120 guardias rotativas de puerto, o bien, un esquema supletorio que tienda a garantizar para los trabajadores un ingreso similar por el lapso de los cuatro meses más críticos, que será supervisado por el Consejo Municipal Pesquero y Portuario».
Y por último, Braccalenti destacó que «se acordó trabajar en forma conjunta con el mencionado Consejo Municipal Pesquero y Portuario para consolidar el mismo e institucionalizarlo a los efectos de que la tarea de este sea constante y efectiva en todas aquellas políticas pesqueras y portuarias que redunden en el trabajo efectivo de todos aquellos que dependen del sector y coadyuven al mantenimiento de la paz social».
«Este encuentro –resaltó- fue para tratar de concertar con todos los sectores mecanismos cuando haya que afrontar distintas situaciones que pueden generar algún tipo de trastorno social, frente a los mementos de crisis que está atravesando la pesca nacional y provincial».
En este contexto, el funcionario admitió que «nosotros, para los próximos meses, esperamos que la situación en la actividad se vaya normalizando dado que va a existir mayor probabilidad de capturas y eso conlleva la mayor posibilidad de barcos para operar con el consecuente aumento de la actividad laboral en los puertos, en la descarga y en la actividad de procesamiento».
Braccalenti expresó finalmente que «este encuentro formó parte de una política del Estado provincial a través de la cual estamos llevando adelante oficios de buena voluntad para superar los inconvenientes que en el fondo son problemas relacionados pura y exclusivamente con la actividad gremial y a pesar de la no resolución de esos problemas el Estado genera un espacio de diálogo para evitar impactos negativos en las localidades».
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