El encuentro estuvo motivado por el debate previo que sobre tierra urbana y vivienda viene impulsando nuestra mesa y la Constituyente Social, la que lleva adelante actualmente un petitorio sobre estos tópicos, y la decisión hecha pública por los concejales Fernández y Bourlot de promover una norma donde se cobre una sobre tasa a los grandes terrenos de la ciudad que superen los 2.000 m2 y 5.000 m2 respectivamente.

En principio "la CTA acuerda con el concepto progresivo de la norma que proponen los concejales aludidos, aunque señalamos límites de la misma y entendemos que el abordaje del problema de la concentración de la tierra y la especulación inmobiliaria, desde nuestra perspectiva, requiere de otros instrumentos que la complementen:

Proponemos en analogía con la Constitución Provincial incorporar criterios seguidos por ésta en referencia a la tierra rural, cuando señala que "La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas"(Art. 86, CP)".

"Declarar de utilidad pública sujeta a expropiación los grandes terrenos ociosos destinados a planes de vivienda, conforme al Inciso 18, Art. 240 de la CP.

Crear un ente municipal de consulta permanente para tratar de resolver cuestiones relativas a la tierra, la vivienda y el hábitat, con representación de los poderes legislativos y ejecutivos, el I.A.P.V, los colegios profesionales y las asociaciones intermedias sociales y territoriales que impulsan planes de vivienda, y en el marco del Inc. a, Art. 242, CP, que promueve ‘la participación activa de los pobladores, las juntas vecinales y organizaciones intermedias’".

Los concejales "significaron los escasos antecedentes de gravámenes como el que plantea el anteproyecto de ordenanza y expresaron coincidencia con nuestra mesa en el diagnostico del problema de la tierra en Gualeguaychú, señalando límites del Cuerpo legislativo para avanzar en normas como las demandadas, por lo cual se decidió volver a convocar el ámbito el próximo 4 de junio, ampliando la misma a los Legisladores provinciales de nuestra ciudad para posibilitar una intervención mayor del estado como garante de derechos sociales, tal el caso del "derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos". (Art. 25, CP)".