La reunión fue gestionada la semana pasada por el Gobierno nacional -a través del Ministerio de Planificación Federal- “haciendo uso de sus facultades de contralor de las empresas proveedoras de energía en la Argentina”, y considerando que el Estado argentino tiene una participación accionaria en la principal petrolera del país.

El objetivo declarado es que las autoridades de la española Repsol, controlante de YPF, precisen si dicha modificación accionaria generaría “algún impacto o variación en los planes de inversión y/o producción u otro tipo de cambio en YPF”.