Los concejales del bloque Color Gualeguaychú (CG), realizaron un encuentro debate con 20 entidades en el marco del proyecto de ordenanza de crear un Consejo de Seguridad ciudadana en la ciudad.
La idea de crear un Consejo de Seguridad fue desarrollada por distintas organizaciones sociales de la ciudad, motorizada por el Ateneo Gualeguaychú que desde hace años coordina Ricardo Rodríguez.
En su primer mandato como concejal por la UCR, durante la primer intendencia de Daniel Irigoyen, Rodríguez intentó infructuosamente en 1997 impulsar la sanción de una ordenanza en el HCD, con la finalidad de crear un ente que coordine recursos y controle la calidad de la prestación de servicio de seguridad de la Policía de la Provincia de Entre Ríos.
Esto es lo que se dio a llamar Consejo de Seguridad Ciudadana, que no es más que la generación de un órgano de participación para generar políticas de Estado con el fin de atender la problemática de seguridad en los barrios y prevenir la violencia urbana.
El proyecto de ordenanza, fue readaptado a nuestros tiempos y retomado por el bloque del Frente Entrerriano Federal, integrado por los concejales Haydeé Venturino, Lidia Meillard y Marcos Henchoz, durante el HCD anterior, pero nuevamente fue cajoneado.
Color Gualeguaychú arremete nuevamente y ahora busca un fuerte respaldo institucional para sacar adelante este proyecto que será perfectible en el tiempo.
En la sesión del jueves 22 de marzo, el bloque opositor hizo su primer intento de tratar el proyecto, al incorporarlo en el temario del día, que luego fue pasado a Comisiones Conjuntas, sin registrarse progresos administrativos desde entonces.
“Desde la comunidad debemos imponer ante los niveles nacionales, provinciales y municipales los instrumentos institucionales para llevar adelante este proyecto”, dijo Ricardo Rodríguez en el encuentro de ayer.
A fines de la década de los 90 y durante la crisis del 2001, funcionó un ente similar en la ciudad, en la cual, el jefe Departamental de Policías, funcionarios municipales de áreas claves como Tránsito, Inspección General, Obras Públicas y jueces de los juzgados de Instrucción, de Menores y Consejo del Menor, asistían a reuniones vecinales para abordar diferentes temáticas de inseguridad en un determinado barrio, que tuvo resultados parciales, durante una época donde el país vivía una de las peores crisis política, moral e institucional de su historia.
De esas reuniones participó el juez de Instrucción Eduardo García Jurado que a su vez integra Centro de Estudios Penales y Sociales de Gualeguaychú.
En la reunión de ayer, el magistrado mencionó las ventajas de la participación ciudadana en la prevención del delito
“Esta ciudad que ha sido tan solidaria con temas tan importantes, no entiendo por qué, no impulsa la creación de una Secretaría de Prevención de Seguridad.
Siempre menciono la frase del primer ministro Británico Winston Churchill, quien decía que la guerra es un asunto muy importante para dejarla en manos de los militares. Yo digo que la seguridad es muy importante para dejarla en manos de la Policía”, remarcó.
“Con esto no quiero desprestigiar a la fuerza, lo que quiero decir es que cada cosa debe estar en su lugar. La Policía es una institución que tiene una capacitación para prevenir pero no tienen la visión estratégica que tienen que tener nuestros dirigentes políticos o los que podemos colaborar desde diferentes sectores, desde la Iglesia la educación asociaciones civiles, es un tema de todos, donde la seguridad no se resuelve pensando solo en Gualeguaychú, es una cuestión regional, pero debemos comenzar por lo nuestro. Es como el apotegma ambiental pensar en los global y actuar en lo local”.
García Jurado consideró que: “La prevención del delito es muy importante para que solo sea manejado por la Policía, debe ser una cuestión global e interdisciplinario. Si la Policía no tiene una dirección política, comunitaria y un control, es una Policía que va al fracaso como estamos viendo. No quiero hacer cuestionamientos ni de nombres, ni partidarios, estoy haciendo una manifestación del tipo global”, aclaró.
En tanto mencionó la experiencia efectuada durante la administración de Emilio Martínez Garbino, “que fue positiva”, agregó el juez de Instrucción.
“Esa experiencia tuvo tal vez una visión muy sesgada, pero debemos definirnos y ya tenemos un trabajo hecho”, dijo.
Los objetivos del proyecto
Convocará a la mayor participación comunitaria desarrollando estrategias destinadas a canalizar y coordinar políticas y acciones que involucren a los vecinos, asociaciones intermedias y ONG en el compromiso y participación para la seguridad ciudadana.
Entre sus funciones y deberes tendrá la responsabilidad de analizar los aspectos socio-criminológicos que inciden en la seguridad ciudadana en todas sus modalidades.
Creará estrategias y políticas de prevención del delito y la violencia ciudadana, facilitando la participación comunitaria para este fin.
Monitorear la gestión de organismos institucionales públicos en la ejecución de las políticas vigentes sobre la seguridad ciudadana y evaluar la actuación de la Policía en el ámbito de la comunidad, proponiendo los instrumentos jurídicos necesarios con jurisdicción provincial, nacional e instituciones privadas para una mejor y mayor participación de la comunidad dentro del consejo de seguridad.
En diez días las instituciones se volverán a reunir en el Centro Comercial, con el fin consolidad este espacio de debate sobre políticas de seguridad. A su vez en este tipo de encuentro el bloque de concejales opositores, busca el respaldo institucional para que se de tratamiento en el recinto al proyecto de ordenanza.
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