El encuentro comenzó casi una hora más tarde de lo previsto con la discusión sobre la aprobación de las versiones taquigráficas de los encuentros anteriores. Luego otros sesenta minutos de intercambio de opiniones sobre el tema, las mismas se aprobaron. La importancia del hecho reside en que quedaron plasmadas las decisiones tomadas en dichos encuentros.

Mientras tanto, Martín Borrelli (PRO) presentó un escrito para impedir que Cerruti continuara en el cargo de Secretaria porque “si bien fue postulada, nunca fue electa, ni proclamada, ni se brindó asentimiento por parte del resto de los integrantes de la comisión, ni para el cual la mencionada prestó su consentimiento expreso”. Lo mismo ocurrió con Martín Ocampo (PRO) quien también entregó un documento para autoimpugnarse como vicepresidente por considerar que su cargo y el de Martín Hourest no fueron votados.

Luego, el oficialismo presentó su cronograma de trabajo para la comisión y, al ser el único que estaba en condiciones de ser tratado, se sometió a consideración. Sin embargo, sólo pudo votarse la primera parte que establecía la presentación de las pruebas (hasta el 30 de noviembre) y de los informes finales (del 1 al 15 de diciembre). El macrismo se negó a continuar tratando el esquema de trabajo que ellos mismos habían propuesto, ya que el segundo punto tenía que ver con las líneas de investigación propuestas.

A partir de allí, el intercambio de palabras entre representantes del oficialismo y la oposición fue subiendo de tono y llegó a los niveles que nos tiene acostumbrados. “No gastemos la nafta del avión mientras carretea porque después no podrá levantar vuelo”, dijo en un momento el titular del cuerpo Martín Hourest (Igualdad Social) como para ejemplificar el momento, y les pidió a los legisladores que evitaran realizar acusaciones a otros colegas mientras mantenían el uso de la palabra.

Luego, entre discurso y discurso, algunos diputados esbozaron los nombres de algunas personas que podrían llamar a declarar como testigos, pero sólo a modo de ejemplo. Como para ir anotando: Gustavo Béliz, Aníbal Fernández, Agustín Gamboa (titular de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal porteño) y Germán Garavano (fiscal General porteño), fueron algunos de las personas mencionadas.

Sobre las líneas de investigación, Cerruti afirmó que sus hipótesis de pesquisa tiene que ver con la creación de la Policía Metropolitana (dijo que el macrismo había violado la Ley de Seguridad Pública porteña con la conformación de la fuerza), y si existió un emprendimiento de índole privado, pero financiado por el Gobierno de la Ciudad para escuchar a personas en forma ilegal.

Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), también apuntó hacia la utilización de los dineros públicos para “financiar estructuras privadas”. Fabio Basteiro (Proyecto Sur) coincidió con la necesidad de investigar a la Metropolitana pero agregó que se debería revisar también la tarea de la Policía Federal.

Por otra parte, Daniel Amoroso (Unión Federal) anunció que direccionará sus consultas a la responsabilidad política sobre el nombramiento de Jorge “Fino” Palacios al frente de la fuerza policial porteña. “O el Jefe de Gobierno mintió o algún funcionario mintió al decir que fue recomendado por la Embajada de Israel y la de Estados Unidos”, explicó.

Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) también dirigirá su investigación al nombramiento del ex comisario de la Policía Federal, entre otras cuestiones. Julián D´Angelo (Socialismo) informó que intentará dilucidar quién es el responsable político del nombramiento de Ciro James en el Ministerio de Educación y que piensa llamar a declarar a autoridades de la Universidad de La Matanza y de Recursos Humanos de la Ciudad.

La palabra oficialista estuvo a cargo del titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, quien pidió “coraje” a sus colegas para solicitar algunas pruebas a otros estamentos gubernamentales (refiriéndose a la Nación) para intentar “llegar a la verdad”. “No vayamos tras los mismos testigos que la causa judicial con algún agregado para trasformar esto en el mismo circo que la causa de (Norberto) Oyarbide”, declaró.

Fernando Sánchez (Coalición Cívica) aseguró que la tarea de la comisión es “dilucidar las responsabilidades políticas de los funcionarios porteños” y que “a pesar que se puede llamar a testigos que no pertenezcan a la jurisdicción, el objetivo es dimensionar la responsabilidad porteña sobre los hechos”.

Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria) tomó la palabra y les pidió a los diputados de la oposición que sean “inteligentes para no entrar en las chicanas propuestas por el PRO a cada rato para que la comisión quede en la nada”. “Si tengo que hacer un resumen de lo que quedó desde de la reunión de hoy es la nada misma”, declaró el legislador K.

Para finalizar, el titular del órgano pidió que para el próximo encuentro los diputados “consoliden las líneas investigativas” y que ya concurran con una estimación de las listas de testigos a proponer.

De ausencias y presencias

El creador del proyecto de la comisión investigadora especial, Diego Kravetz, estuvo ausente . ¿El motivo?, un viaje por su deporte favorito, el Tae Kwon Do. La que no faltó (como pasa habitualmente) fue María José Lubertino (Encuentro Polpular para la Victoria) sentada en la mesa, al igual que Gerardo Ingaramo, Carmen Polledo y Oscar Moscariello (PRO), entre otros.