Ante la maratón de entregas de viviendas que el Gobernador Eduardo Brizuela del Moral decidió hacer, antes de entregar su mandato el próximo viernes, vecinos de distintos puntos de la provincia empezaron a denunciar irregularidades en las adjudicaciones y se manifestaron cortando rutas y calles.

Los adjudicatarios advirtieron que desde el IPV los removieron de las listas para acomodar a otras personas, que estarían relacionadas con funcionarios del Gobierno. Ayer, un grupo de mujeres que el lunes había estado en la casa del Gobernador, se manifestó en las oficinas del IPV en el CAPE y frente a Casa de Gobierno. A pesar de los constantes reclamos, ninguna autoridad las atendió.

Para sumar conflicto al enrarecido clima de ayer, en Miraflores vecinos cortaron la Ruta Nacional 38, para exigir la entrega del barrio 40 viviendas. El malestar se produjo porque les informaron que la mitad de las viviendas serían destinada al personal del servicio Penitenciario Provincial. Finalmente, ayer a la tarde las usurparon a todas.

Andalgalá no quedó al margen: las manifestaciones de los vecinos comenzaron bien temprano a la mañana, en reclamo por las 90 viviendas de Malli. La principal preocupación de la Policía era que estas personas estaban decididas a tomar posesión de las casas.

Y en medio del jaleo de los piquetes y protestas, los integrantes del equipo social del Departamento de Evaluación de Postulantes de la Dirección de Adjudicación y Control de Viviendas presentaron una nota ante el Administrador del IPV, Eduardo Brizuela del Moral (h), en la que manifestaron que "no tuvimos participación en la preselección y adjudicación de los complejos habitaciones". Con esta nota se terminó de correr el velo sobre lo que se sospechaba: las adjudicaciones de viviendas fueron irregulares hasta el último día.

MUCHAS DUDAS

 Desde que el FCS perdió las elecciones en marzo, los anuncios de entrega de viviendas se hacen prácticamente a escondidas. El anuncio sale el mismo día de las adjudicaciones, sin tiempo para impugnaciones.