“Nos corresponden un montón de beneficios en cuanto a seguridad y ropa que hemos resignado porque si no la empresa se viene a pique”, dijo Shirley García, delegada en Epsilon. La contratista se halla desde hace dos años con una “extensión del contrato” con YPF.
Shirley García, delegada en Epsilon, explicó a Diario Patagónico que tuvieron una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo el 1 de setiembre, donde participaron la contratista y un abogado de YPF, pero que en la siguiente reunión el representante de la operadora no volvió.
“Desde Epsilon nos dicen que si YPF no les reconoce los mayores costos, no pueden hacer frente a los sueldos. La idea es que alguien dé una respuesta porque somos 35 familias que dependemos de esto”, sostuvo la delegada del Sindicato de Petroleros Privados mientras esperaba un llamado de la operadora.
Es que la firma hispanoargentina prometió una reunión con la contratista y el gremio a fin de darle una resolución al problema con Epsilon. García sostuvo que la contratista está hace dos años con una “extensión del contrato”. Ahora están con una extensión de tres meses, cuando la última había sido por seis meses.
“Queremos cobrar lo que corresponde, no queremos conflicto”, añadió. Epsilon no les reconoce algunos ítems y artículos de la categoría a la que pertenecen del Convenio Colectivo de Trabajo de los petroleros privados.
“Estuvimos más de tres años luchando por el Convenio Colectivo de Trabajo y si lo ponemos al 100% en práctica perdemos el trabajo porque Epsilon baja la persiana”, aseguró la referente de los trabajadores y trabajadoras de Epsilon.
“Es un convenio claro (el CCT de los petroleros); nos corresponden un montón de beneficios en cuanto a seguridad y ropa que hemos resignado porque sino la empresa se viene a pique. No sé qué más es lo que tenemos que hacer, sentimos que nos faltan el respeto”, dijo García.
Epsilon en una pyme de servicios petroleros que hace el control de la producción y medio ambiente de YPF y cuyo personal es mano de obra calificada.
La situación refleja otra situación entre las pymes y las operadoras. El no reconocimiento inmediato de los mayores costos obliga a las contratistas a hacer sacrificios. En este caso, los trabajadores denuncian que son ellos los que están resignando derechos para que la empresa que los emplea no cierre sus puertas.
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