Uno de los mayores cimbronazos políticos que aquejó a la administración alperovista durante el año pasado y amenazó seriamente con desequilibrar la paz social en la provincia, fue protagonizado por los dos alzamientos que llevaron a cabo efectivos de la policía provincial lo que debilitó a la entonces cúpula de la fuerza que finalmente terminó sucumbiendo en el seno Gobierno.

En este 2012, la situación parece que comienza a teñirse con los mismos reclamos, pues, desde el sector se manifestó el descontento que persiste ya que aún persisten las deficientes condiciones laborales y salariales que aquejan a los efectivos.

En tal sentido, la Comisión Policial (encargada de concretar las negociaciones con el PE durante los primeros meses del año pasado) indicó que solicitarán a las autoridades una mejora en los respectivos sueldos que ronde entre el 33 al 36 por ciento de aumento, entre otras reivindicaciones. Asi también, argumentaron que debido al proceso inflacionario que licua el sueldo de los trabajadores, la idea de los policías es que alrededor de junio o julio se reabra nuevamente la mesa de discusión para poder arribar a otro ascenso monetario en el orden del 18 por ciento, lo que redundaría en un parámetro anualizado de un 51 por ciento.

Por otra parte, la Comisión advirtió que hubo varios puntos suscriptos en el acta acuerdo de 2011 que no se cumplimentaron, lo que desató el malestar de los efectivos. Entre los item pendientes, según lo señalado desde el sector, se encuentra la falta de cobertura los 365 días por parte de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART), el inicio de sumarios como forma de represalias ante los sucesos que paralizaron a la Fuerza, la falta de cupos para los hombres de azul y sus respectivas familias con el objeto de poder acceder a viviendas.

A su vez, se recalcó que todavía existen 300 agentes en condición de contratados quienes no ingresaron a la planta permanente de la fuerza. Paralelamente, se objetó la falta de operatividad en el reencasillamiento del sector, debido a que todavía cerca de 4.000 uniformados llevarían un lapso de ocho años categorizados como "agente" y no lograron el ascenso. En torno a ello, la Comisión manifestó que lo tradicional es un término máximo de tres años, luego del cual puede ser designado como "cabo".

"Queremos una respuesta a nuestros pedidos hasta fines de febrero porque nuestra postura es acompañar a los Jefes a negociar con el Gobierno ya que no nos van a conformar con limosnas que de ningún modo aceptaremos", señalaron a este medio agentes que prefirieron mantener en resguardo sus nombres ante posibles reprimendas oficiales.

Al tiempo de organizar una reunión con los integrantes de la fuerza para los próximos días en la cual se plantearán los aspectos referidos anteriormente, la Comisión indicó que "nosotros estamos más desprotegidos que la ciudadanía, nuestros propios jefes nos han perdido el respeto. Estamos en una situación decadente donde hay casos en los que hasta te obligan a costearte las armas reglamentarias que se utilizarán e incluso nos brindan materiales deficientes ya que los chalecos antibalas ya se vencieron y no pueden utilizarse", relataron.

Finalmente, sostuvieron que en caso de no ser escuchados "nos movilizaremos con protestas a las afueras de la Jefatura".