La titular de la Obra Social Provincia, Susana Lozano, reconoció que se mantiene una deuda con algunos establecimientos que se encargan de los tratamientos para personas con discapacidad, pero aclaró que son estas instituciones las que no presentan la documentación exigida.
“Hay un par de expedientes demorados, pero lo cierto es que la Contaduría General de la Provincia exige que presenten un certificado de cumplimiento fiscal y muchas instituciones están teniendo problemas para obtenerlo. Así es imposible girar un pago”, explicó la interventora.
Lozano también aclaró que desde la repartición se trabaja para brindar mayor cantidad de servicios, pese a no estar obligados por la Ley Nacional de Discapacidad. “No estamos obligados a dar cobertura total integral para discapacitados, pero hace poco incorporamos la mejora de medicamentos, asistencia económica para traslado y mayor cantidad de prestadores dedicados a la educación, integración y rehabilitación”, concluyó.
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