El ministro de Servicios Públicos, Julio Molina, acompañado del fiscal de Estado, Marcos Denett, y funcionarios de esa cartera, dio a conocer una serie de irregularidades surgidas de auditorías efectuadas a obras iniciadas y anunciadas por la gestión de Eduardo Brizuela del Moral. Se trata de millonarios emprendimientos que ahora serán investigadas ante la presunción de las actuales autoridades de ilícitos en torno a las mismas.

Molina fue muy crítico en sus apreciaciones y calificativos a los ex funcionarios brizuelistas quienes, según aseguró, no han cesado en su responsabilidad y deberán responder de comprobarse éstos.

“Sistemáticos macaneadores”, denominó a los legisladores, como el diputado Juan Pablo Millán, y ex funcionarios del FCyS, que “han sido los autores de la gran precariedad con que la nueva gestión de gobierno ha recibido los servicios públicos”. Advirtió que “la responsabilidad funcional de estos personajes que gestionaban los servicios públicos no ha concluido. Va a concluir cuando rindan debida cuenta de una serie de hechos y actos”.

Sin causales

En primer lugar, se investiga la obra de 33 kb en Ampajango, Santa María, cuyo contrato fue rescindido en octubre de 2010, a la empresa Almacor, y recién 8 meses después aprobada el acta respectiva por decreto del ex gobernador, “obviando una serie de circunstancias” señaladas por Contaduría General de la Provincia.

Entre ellas, se mencionaba que en el acta no constaban las causales de rescisión, ni los informes técnicos respectivos. “Es una obra con un porcentaje elevado de certificación y con un porcentaje muy reducido de ejecución”, aseveró Molina. La inversión de la misma fue calculada por encima de los 5 millones.

En un informe entregado durante la transición, se da cuenta de que el contrato fue realizado con la empresa Maquers por un monto de 750 mil pesos para “hacer una parte de la misma obra”, sin especificar el objeto puntual de la inversión. Además, se establece “un anticipo desmesurado del 50 por ciento; es decir que se pagó 350 mil pesos y hasta el día de la fecha no se hizo nada”, remarcó el ministro.

Monumento nefasto

“Poner un peso en esto también sería un despropósito nuestro”, declaró el funcionario en torno a la posibilidad de reflotar los generadores eólicos ubicados en el cerro Ancasti, obra que también será motivo de investigación. Molina aseguró que la obra es “el monumento nefasto de la energía de Catamarca”.

La gestión brizuelista encaró la obra con un costo de adquisición de los aerogeneradores de 2,5 millones, comprados ya usados a una empresa española, estimándose un costo de 4 millones en total. “Fue una obra con la que se pavonearon y que nunca ha funcionado”, disparó.

“Esto es una estafa porque no generan nada”, continuó duramente Molina tras recordar los viajes del ex gobernador y sus funcionarios a España con este cometido. “No sirven, es chatarra”, indicó.

Mala praxis

También dentro de las obras que se investigan, se encuentra el tendido subterráneo que inicia en la ET Catamarca y concluye en el Cine Teatro Catamarca.

Ésta fue realizada hace dos años y según indicó el ministro, constituye “otro despropósito” de la gestión anterior. “Esto es una mala praxis total y está documentado”, lanzó, tras referir que se ha tirado un cable de acero con una grúa, y que ello ha originado que de los 8 cables, sólo 3 se encuentren “en forma precaria de funcionamiento”.

Según Molina, esto hace que cada vez que llueva, se humedezca y se produzcan los cortes intermitentes. “Nosotros no vamos a asumir la responsabilidad de esto”, señaló.

La obra fue realizada por administración y ejecutada por contratistas “que ya saldrán a la luz”, advirtió. Se calcula que la obra tenía una previsión original de 6,6 millones de pesos, aunque “con tantas imprevisiones, debe haber costado 8 millones, cosa que a primera vista parece también irrazonable”, enfatizó.

Por otra parte, remarcó que cada vez que existe un inconveniente ante algún evento de corte por energía no suministrada, se pierden alrededor de 100 mil pesos. “Es lo que le cuesta al usuario común, al comercio”, acotó.

Obras desmanteladas

Con relación a las cuatro subestaciones eléctricas, entre ellas las del Barrio Calchaquí y Potrerillo, que aunque fueron ejecutadas durante la gestión brizuelista, el ministro Julio Molina aseguró que “fueron desmanteladas” en el mismo período.

“Estas obras se enmarcaron dentro de otro proceso de absoluta irregularidad que en su momento saldrá a la luz: la conformación del Fondo Fiduciario, esa figura que crearon entre la antigua Edecat y el ministerio de Obras y Servicios Públicos”.

Al auditarse éstas y ante la situación encontrada, Molina dijo que se decidió ejecutarlas y por ello se realizó el contrato respectivo, obviando lo ya existente. Luego, la contratista solicitó la anulación del contrato por cuestiones “emergentes”. Por esta razón, se procedió a la rescisión culposa, “lo que no generó erogación alguna”, aclaró el funcionario.

Ante la baja contractual, se colocaron generadores, los que fueron establecidos por la nueva empresa de energía.

Macaneador

El ministro de Servicios Públicos acusó al diputado Juan Pablo Millán, quien ha sido muy crítico en los últimos días respecto a la actual gestión, de “querer tapar” cuestiones por “ignorancia” o por cuestiones netamente políticas. “Seguramente no está solo y lo está aplaudiendo el ex ministro de Obras Públicas”, dijo en referencia a Juan Acuña. Calificó al legislador de “macaneador serial” que “trata de confundir a la gente”.

“Le digo al diputado Millán, que cobija en la Cámara de Diputados a algunos de los anteriores interventores de la empresa (por la ex Edecat), que se preocupe en indagar lo que hicieron esos interventores, que se preocupe en lo que hizo el señor Juan Acuña en el ministerio”, disparó.