El negocio de la usura ha crecido al amparo de un Estado cómplice que no sólo no realiza los controles para evitar el abuso en el cobro de tasas usurarias y la clandestinidad de muchos operadores sino que, al contrario, ha adecuado las normas para convertirse en socio de la usura y compartir sus suculentas ganancias.

Sino ¿cómo se explica que las casas de préstamos y, peor aún, las pantallas comerciales que esconden el negocio de las cuevas financieras hayan crecido abismalmente en los últimos años? También las víctimas de la usura aumentaron en los últimos tiempos, rehenes de un sistema financiero formal que los excluye y los arroja directamente a las financieras, donde por un préstamo mínimo los intereses rondan el 80%.

Ese escenario de usura legalizada ha sido propiciado por un Estado que otorga códigos de descuento a sindicatos, mutuales, cooperativas y colegios profesionales, sin preocuparse después por el uso y abuso que de ellos hagan sus titulares. De esa forma, las mutuales se convierten en muchos casos en entidades donde la única razón de ser es el préstamo de dinero y desde el Estado se desentienden de los controles, puesto que no reclaman detalles sobre el bien o servicio prestado a sus beneficiarios que, mes a mes, incluyen para poder cobrar su parte. Lo que no eluden jamás es el descuento del 1% del monto retenido que se cobra el Estado por "servicios prestados", monto que ninguno de los responsables consultados supo precisar adónde va a parar.

Cadena de responsabilidades

En la cadena de responsabilidades dentro del Estado provincial aparecen Asesoría General de Gobierno, que aprueba los convenios para otorgar los códigos de descuento requeridos, Tesorería General de la Provincia que emite los cheques con el monto a cobrar por las entidades habilitadas, la Subsecretaría de Recursos Humanos por donde pasa la liquidación de haberes de agentes públicos. También tiene su cuota de responsabilidad la Dirección de Comercio, en cuyas dependencias funciona el área de Defensa del Consumidor.

Es que, en este contexto, el tomador de crédito queda rehén de un sistema tan bien aceitado que casi no tiene fisuras. Regidos por la ley de Defensa del Consumidor y la de Lealtad Comercial, en Defensa del Consumidor actúan recién cuando hay un reclamo efectivo del afectado, pero no hacen mayormente inspecciones de oficio. Aún en el caso en que las hubiera, sólo pueden exigir que la financiera publicite claramente tasas de interés, precio total financiado, cantidad de cuotas del préstamo, pero están de manos atadas para cuestionar las tasas usurarias.

Habilitar una financiera no tiene mayores exigencias que abrir un kiosco. Tanto en el municipio como en la Dirección de Comercio no exigen garantías ni requisitos distintos a los de cualquier comercio.

Hasta ahí, el negocio de las financieras se presenta como de riesgo cero. Si además operan bajo la habilitación de una mutual o entidad que cuenta con códigos de descuento de ANSES, de los municipios y hasta del Estado provincial, las preocupaciones por el recupero del dinero no existen para los prestamistas, puesto que a fin de mes se aseguran el cheque con los montos descontados a cada una de sus "víctimas". Pero además las financieras llegan a otros segmentos sociales, aprovechando el sistema de "débito inteligente" que otorga el Banco Nación a sociedades comerciales con apenas dos años de antigüedad. Aunque la entidad no otorga este a financieras, si lo hace a otras firmas que muchas veces se asocian o "prestan" el servicio a casas de préstamos.

La cadena de responsabilidades también involucra a ANSES, puesto que el organismo previsional es el que otorga -y debiera controlar- los códigos de descuentos a mutuales y cooperativas que ofrecen "servicios" a jubilados. Las denuncias de pasivos por descuentos de cuotas abusivas han sido noticias de este diario en varias oportunidades y la indefensión de los pasivos es mayor porque todo reclamo debe ser solucionado en la sede central de ANSES.

Circuito aceitado para facilitar la usura

ANSES y el Estado Provincial habilitan los códigos de descuento a mutuales y cooperativas que, entre sus servicios, ofrecen préstamos a tasas usurarias.

En ámbitos provinciales, Asesoría General de Gobierno aprueba los convenios para otorgar los códigos y Tesorería les entrega mensualmente a mutuales y cooperativas los cheques con los montos descontados a los agentes públicos. La Subsecretaría de Recursos Humanos ve pasar, mes a mes, las liquidaciones con los descuentos.

La Dirección de Comercio no actúa de oficio, sólo cuando recibe denuncias. Sus inspecciones se limitan a controlar que los tomadores de préstamos conozcan las condiciones del empréstito, pero no tienen armas para limitar las tasas usurarias.

El Banco Nación también participa del negocio, otorgando el sistema de "débito inteligente" a firmas comerciales que luego lo ponen al servicio de las financieras para el recupero de créditos otorgados a tasas usurarias.