29/06/2012 10:56 PM | En su visita a la provincia por parte del ex juez español Baltasar Garzón, en horas de la tarde de ayer mantuvo un encuentro protocolar con el gobernador José Alperovich en su despacho. Con posterioridad concretó un diálogo con la prensa en el cual hizo referencia, fundamentalmente, a la temática vinculada con los procesos judiciales iniciados para determinar culpas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el país.

En tal sentido, Garzón, quien fuera destituido de la magistratura española en febrero pasado e inhabilitado por 11 años para ejercer funciones judiciales, se refirió al contexto general que propició la administración militar en la década del 70 y, para ello, adoptó como ejemplo lo acaecido en Tucumán, en razón de su importancia histórica.

"El ser la cuna de la independencia de Argentina es una marca indeleble de la ciudad y todos aquellos que han ejercido la dirección y el poder la deberían haber tenido muy en cuenta y no volverse contra los ciudadanos de esta provincia", remarcó.

Seguidamente, el licenciado en derecho por la Universidad de Sevilla, adujo a modo de parangón que "desgraciadamente, en base a la irracionalidad, durante la represión y la dictadura, quien ejerció el poder no hizo gala de los principios de independencia y los objetivos constitucionales que deben regir en una sociedad democrática".

Sin embargo, indicó que en la actualidad, las consecuencias surgidas por el accionar ilegal llevado a cabo en el pasado, encuentran en una nueva configuración institucional, el marco adecuado para avanzar en las investigaciones orientadas a dilucidar responsabilidades y dejar atrás el estado de impunidad que reinaba hasta el momento.

"Ahora, que esa democracia está arraigada y ahora que la justicia está desarrollando su labor aquellos que quebrantaron la confianza y agredieron a los ciudadanos deben de pagar con todas las garantías frente a la justicia de aquellos crimines que cometieron", señaló.

Garzón, más allá de destacar el inicio en la sustentación de este tipo de causas, reconoció que impera en ellas cierta demora al momento de materializarse en su totalidad. Estimó, al respecto, que "los procesos judiciales son lentos y difíciles porque a diferencia de otras causas, aquellos que violentan los derechos humanos y que masacran a los ciudadanos hay que cumplir con todas las garantías que marcan la Constitución y las leyes".

Por tal motivo, el ex magistrado agregó que "esa gran diferencia se traduce, a veces, en lentitud, pero lo que ocurre es que también las instituciones tienen las obligaciones de coadyuvar a que esa lentitud sea lo menos posible y la burocracia sea la menos posible, y sobre todo exigir que la conciencia sea la de activar al máximo el curso de esas causas y dar protección a las victimas".

La postura manifestada lo llevó a pronunciar que "una justicia tardía no es justicia y por ello los jueces y fiscales deben hacer todo lo humanamente posible para que esas causas concluyan cuanto antes".

El SIGLO le consultó sobre si estipula conveniente o necesario que, además de las investigaciones que recayeron sobre las instancias militares, también merecen igual tratamiento los asesinatos o bien atentados cometidos por organizaciones guerrilleras y terroristas que actuaron en el período de plomo de la Argentina.

"Estamos en una dinámica donde los jueces son los que están estableciendo la pauta de quienes violentaron los derechos humanos y quienes actuaron. Es evidente que hay un periodo perfectamente marcado en la historia argentina donde el poder del Estado se utilizó para masacrar a los ciudadanos, torturarlos o desaparecerlos, y en esa dinámica están (los magistrados)", opinó, ligando su visión con la conceptualización que se establece en torno a crímenes de lesa humanidad, donde el aparato estatal fue utilizado de modo coercitivo.

Así también, sostuvo que "no me atrevería yo a decirle a los jueces algo diferente de que tienen que cumplir con la ley y por tanto seguir adelante los procesos contra quienes integren ese tipo de grupos e instituciones que se dedicaron a desarrollar ese tipo de crímenes".

Paralelamente, brindó su posicionamiento respecto a la intervención en gobiernos democráticos por parte de funcionarios que prestaron su colaboración con la dictadura. "Yo no soy quién para decir de qué manera se tiene que integrar un gobierno, lo único que creo es que hay tener mucho cuidado cuando se ejerce el poder y esas personas han tenido vínculos con las estructuras de la represión. Creo que la voluntad no debe ser favorable para que se desarrolle la actividad de los mismos (funcionarios implicados), a no ser que haya un claro antes y después, pero en toda caso yo no seria favorable a que ello se produjera", aseveró.

En esta línea, nuestro diario le consultó a Garzón sobre las penalidades que le caben a los civiles que también tuvieron participación en el quiebre del orden democrático producido hace más de 30 años atrás. "La responsabilidad frente al delito de la dictadura no está solo en quien lleva un uniforme, sino en quien ha participado de los hechos delictivos. La otra cosa es qué nivel de priorización se desarrolla, pero la coparticipación en los delitos no va en función de los uniformes", aseguró.

Finalmente, y ante un requerimiento de EL SIGLO, Garzón dio su punto de vista sobre el indulto que analiza el Gobierno español para otorgarle al profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, y así propiciar su retorno a la magistratura.

"En el escrito que dirigí al Ministerio de Justicia establecí varios puntos claramente. No he pedido el indulto, no he solicitado que nadie lo haga pero respeto la petición de la Asociación de Jueces y Fiscales Europeos, que aglutina a más de 15 mil jueces progresistas, la hicieron en mi nombre, pero no la desautorizo. Queda claro que yo no he pedido el indulto, ni lo voy a pedir", respondió tajantemente.

Partidario de despenalizar el consumo de sustancias adictivas

En su contacto con los periodistas, el ex juez Baltasar Garzón tuvo manifestaciones en razón a su postura sobre la despenalización en el consumo de sustancias psicoactivas (en el caso de Argentina, el Congreso de la Nación avanza en el estudio de una serie de proyectos orientados a tal fin).

"El modelo de criminalización absoluta del tráfico de estupefacientes es un modelo superado. La despenalización de determinadas figuras es una necesidad y cada vez es más evidente. No creo que sea una buena política mantener que los consumos sean sancionables porque ingresan dentro de la esfera de la autonomía de voluntad del ser humano y en todo caso hay que enfrentar con seriedad una nueva política global de despenalización del tráfico de estupefacientes", sostuvo Garzón. Asimismo, aseveró que nunca fue partidario de incentivar una libre comercialización de marihuana, aunque indicó que "hay que despenalizar determinadas conductas y a partir de allí no es incentivar, sino establecer los requisitos y las normas legales y reglamentarias que lo lleven hacia una educación de la salud, es decir convivir del fenómeno y no participar del mismo".

Relacionado a ello, el letrado ejemplificó precedentes claramente identificables como el tabaco y el alcohol, por lo que adujo que debe darse un tratamiento similar en el caso de las drogas ilícitas. "La adicción a las drogas no tiene nada que ver con la penalización a las mismas, en todo caso, con o sin penalización, el problema de las adicciones tiene que ser tratado adecuadamente", consideró Garzón.